Recentralización educativa
Los más conspicuos analistas de la mal llamada “cuarta transformación” coinciden en que en el año 2020 seremos testigos de la más agresiva estrategia del gobierno de López Obrador para lograr los cambios legislativos que consoliden su nuevo “régimen”.
En este sentido, aunque poco se ha hablado del tema, una de los principales objetivos podría ser la recentralización de la educación, pues el propio Presidente se refirió el año pasado a la disposición de su gobierno para federalizar todo el sistema educativo nacional.
La intención de López Obrador es dar otro salto hacia atrás en la historia de la educación nacional, cuyo inacabado y, se puede decir, fracasado proceso de descentralización inició en el año 1978 con el traspaso de recursos y responsabilidades hacia los gobiernos estatales.
Ese proceso de descentralización supuestamente se concluyó en la década de los años 90 dejando, en los hechos, la responsabilidad del pago de las nóminas magisteriales a los estados así como una administración del sistema supuestamente compartida entre las propias entidades y la Federación.
Fue hasta el sexenio pasado cuando, con la reforma educativa del presidente Peña Nieto, nuevamente se inició la recentralización de las nóminas magisteriales como medida para corregir supuestas distorsiones y corruptelas encontradas en muchos de los sistemas educativos estatales.
Ahora, la idea de López Obrador es ir mucho más allá de la reforma de Peña Nieto y avanzar de esa recentralización de la nómina a una nueva centralización absoluta del sistema educativo, como lo fue hasta la década de los setentas.
López Obrador dijo que su idea de re-centralizar la educación nacional es para “evitar problemas con los maestros”, lo cual en buen castellano quiere decir que se busca restablecer el control central sobre el más de millón de profesores de la educación básica.
Sin embargo, hay quienes señalan que los males de la recentralización de la nómina ya han quedado a la vista, pues lejos de remediar las irregularidades encontradas en los estados, se han propiciado nuevos casos de corrupción por miles de millones de pesos.
Ahora bien, lo que estaría a debate es si la recentralización educativa está dirigida realmente a fortalecer la eficiencia y los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia que inhiban las multimillonarias irregularidades comprobadas por la Auditoría Superior de la Federación, o si sólo se trata de restablecer un control político central sobre el magisterio.
Hay quienes piensan que todo se reduce a esto último: a restablecer el viejo sistema de complicidades gobierno-sindicatos que por décadas hizo del magisterio un instrumento de adoctrinamiento y activismo político a favor del régimen.
Pero más allá de las implicaciones políticas de la pretendida federalización educativa de López Obrador, para el caso de Sonora puede representar graves retrocesos para la serie de políticas y acciones que han permitido reposicionar a la educación sonorense entre las mejores del país.
Sonora ha conseguido avanzar en el plano educativo porque en un buen ejercicio de autonomía ha ideado estrategias propias e instrumentado programas que han situado a la educación sonorense entre las que mayores avances ha logrado en los últimos cinco años.
Y quizás en esta misma situación de mejora estén otras entidades más, precisamente basadas en la posibilidad de que los gobiernos locales diseñen estrategias propias dirigidas a potenciar sus particulares fortalezas y contrarrestar las debilidades de sus sistemas educativos.
En síntesis, la idea u objetivo de re-centralizar la educación, o federalizarla de nuevo, es un tema muy delicado del que la sociedad no puede permanecer ausente y menos pueden soslayar los propios gobiernos locales y los organismos sociales intermedios.
Buena medida
La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, anunció que en unos días más presentará una aplicación que dará acceso a una plataforma digital en la que los ciudadanos podrán acceder a los nombres y fotografías de los agentes policíacos que hayan cometidos abusos en su contra.
Se trata pues de facilitar a los ciudadanos la denuncia en contra de policías abusivos o corruptos, lo cual es una buena medida pues sabido es lo difícil que resulta encausar a un mal agente.
La Presidente municipal capitalina cumple así un compromiso expresado antes, en el sentido de apoyar la mejora en las condiciones de los policías municipales, pero al mismo tiempo evitar que los actos de corrupción o abusos queden impunes.
