Por Jesús Ruiz Gámez
Para que López Obrador haya accedido o se haya visto obligado a emitir un decreto como el de ayer, con el acuerdo que ordena la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante lo que resta de su sexenio, es porque de plano debió ser una exigencia, a manera de ultimátum, de los propios militares.
Solamente así me explico que Amlo haya accedido a este movimiento que le será restregado en su cara durante años, pues al final de cuentas se ve obligado a ir incluso más allá de la militarización a que recurrió su fabricado archienemigo, el ex presidente Felipe Calderón.
Tengo una teoría al respecto: desde que se orilló a los militares a salir a las calles a tratar de reconquistar zonas asoladas por el crimen organizado, ellos habían exigido a los presidentes que se les diera seguridad jurídica, haciendo oficial la militarización de las tareas de seguridad, como lo hace ahora López Obrador.
Se suponía que la creación de la Guardia Nacional, integrada en un 90% por soldados, sería la fórmula perfecta para simular con un rostro “civil” la participación militar en las tareas de seguridad, pero al parecer ya en el propio gobierno se dieron cuenta que ni tendrán los recursos ni el tiempo para “cuajar” ese proyecto, además de que su primer año no arrojó resultados favorables.
Entonces, como al grito de “fuera máscaras” que exige la realidad del crimen en México, se hace necesario que todo el Ejército y La Marina entren en pleno a frenar a los desatados grupos de narcos que asuelan vastas regiones del país y en cuyo radio de influencia han desplazado a los poderes civiles.
Y como no se puede convertir a todas las fuerzas armadas en Guardia Nacional, ni lo aceptarían los militares, entonces éstos volvieron a la exigencia de la seguridad jurídica que les concede ahora el decreto del presidente López Obrador, para actuar con todas sus fuerzas en contra de esos grupos.
Cierto que al presidente López Obrador le podemos adjudicar ahora aquello de que “cae más pronto un hablador que un cojo”, pues su discurso de muchos años fue en contra de la participación de los militares en la seguridad pública, pero la realidad se impone y dicta la necesidad de la intervención de todas las fuerzas armadas y no sólo las uniformadas como Guardia Nacional.
ACUMULA RECONOCIMIENTOS
A quien no le pudo ir mejor en estos dìas fue a la gobernadora Claudia Pavlovich, pues su mandato y su gobierno salieron muy bien rankeados en recientes encuestas y en la valoración de sus manejos financieros en esta etapa de la pandemia.
Por ejemplo, en la más reciente medición mensual de gobernadores que realiza la empresa Massive Caller sobre la aprobación de los gobernados hacia sus mandatarios y el nivel de confianza que les genera, Claudia Pavlovich fue muy bien calificada.
El 68.4% de los sonorenses encuestados aprueba la gestión de la Gobernadora, situándose así en primer lugar nacional por arriba de los gobernadores de Yucatán, Sinaloa, Guanajuato y Coahuila, quienes en ese orden ocupan del segundo al quinto lugar.
Pero además, Claudia Pavlovich está en tercer lugar nacional en el índice de confianza entre sus gobernados, sólo superada por los mandatarios de Yucatán y Sinaloa.
(Me permito aquí hacer este paréntesis para destacar que, según la encuesta de Massive Caller, el gobernador peor calificado y con el menor índice de confianza entre sus gobernados es Miguel Barbosa, de Puebla, lo cual sorprende porque está entre los mandatarios con inicio de mandato más reciente y da idea de lo que debe ser un pésimo gobierno; y por otro lado, la encuesta arroja el dato que el único gobernador de Morena que aparece entre los 10 primeros lugares en aprobación de sus gobernados es el de Baja California, Jaime Bonilla, elegido apenas el año pasado y quien sólo gobernará hasta finales de 2021).
De vuelta a la gobernadora sonorense, dentro de un estudio de la agrupación México Elige que midió los niveles de aprobación de los gobernadores sobre el manejo de la crisis del coronavirus, nuevamente Claudia Pavlovich se ganó el primer lugar, ya que el 84.9% de sus gobernados de dieron “palomita”.
Por cierto que en esta encuesta, nuevamente se lleva el deshonroso último lugar el gobernador de Puebla, mientras que en el penúltimo lugar está la única otra mujer gobernadora, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, lo cual seguramente se debe a que la capital mexicana está convertida en el eje dfe la pandemia a nivel nacional.
Y por último, en los días finales de la semana anterior se conoció otro estudio, éste de la organización Transparencia Mexicana, por el cual se ubicó a los cinco gobiernos estatales que han cumplido con la difusión de las adquisiciones realizadas con motivo del la pandemia de COVID-19.
Allí el gobierno de Sonora fue destacado, junto con los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, por ser los únicos en haber transparentado las compras realizadas durante la emergencia sanitaria y además por hacerlo a través de formato abierto.
En esto es importante el contraste, pues el estudio destaca que los restantes 27 gobiernos estatales y el gobierno federal han mantenido la opacidad sobre esas adquisiciones, no obstante las recientes denuncias sobre compras de bienes y servicios con sobreprecios y manipuladas para favorecer a cercanos, como en el reciente escándalo del hijo de Manuel Bartlett.
EVITAN EL TRINQUETE EN BC
La verdad se sintió buen sabor de boca al conocerse ayer que la Suprema Corte de Justicia cumplió con la expectativa y por unanimidad el pleno de ministros declaró inválida la llamada “ley Bonilla” con la cual el Congreso de Baja California pretendía ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Lo mejor es que la sentencia vino acompañada por frases y calificativos, como el que así se evitarán violaciones graves que en su conjunto pretendían “un verdadero fraude a la Constitución (y un) efecto corruptor de rango constitucional“, como lo dijo el propio ministro presidente Arturo Zaldívar.
“Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, añadió el Presidente de la Corte, con lo cual dimensiona el enorme trinquete que pretendían los morenistas en ese estado.
Bien, así queda ya en la historia esta amarga anécdota de los tiempos de la 4T, aunque ayer mismo el gobernador Bonilla advirtió que, si bien respetará la decisión de la Corte, se aplicará a un “plan B2, por así decirlo, que es pedir licencia para dedicarse otra vez a la campaña y tratar de dejar a un incondicional en su lugar, que sería el actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, a quien supuestamente ya tiene amarrado como candidato bajo acuerdo con el presidente López Obrador.
O sea que eso de la democracia, ni en comicios ni en la elección de candidatos, nomás no se les da a los morenistas, como se ve.
EN MANOS DE UN LAMBISCÓN
Aunque ya pasaron varios días, no me quiero quedar con las ganas de mencionar que la reacción del subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, a la denuncia en varios medios internacionales sobre el ocultamiento del gobierno mexicano de las verdaderas cifras de la pandemia del Covid-19, dejó a la vista que la delicada misión de llevar la estrategia e informar, fue puesta en manos de un lambiscón que morirá en la raya por quedar bien, pero sólo con su jefe, el presidente López Obrador.
Los corresponsales de esos medios internacionales basaron sus reportes, no en los datos duros que el propio gobierno debería transparentar, sino en la evidencia, en la realidad mostrada por los medios nacionales que contrasta con los “otros datos” que López Gatell ha pretendido ocultar.
Primero, sobre el número total de contagios, científicos nacionales y de otras partes del mundo, han puesto en seria duda la veracidad y la honestidad de los reportes de López Gatell y su equipo de científicos de la 4T, cuyo subregistro ha quedado evidente.
Y sobre el número de muertes por la pandemia, López Gatell tuvo que reconocer, sin conceder el subregistro, que hay miles de fallecimientos posiblemente atribuibles al Covid-19 pero que no son registrados como tal porque no se hacen las pruebas necesarias.
Pero además, los reportajes que dan cuenta de panteones y crematorios saturados en la Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México, además del apilamiento de cadáveres en los hospitales, ya hacían increíbles las cifras de López Gatell.
Lo más decepcionante de este sujeto es que, ante la levantada de faldillas que le dieron medios como New York Times y otros, reaccionó montándose en el discurso de su jefe, ese que busca no aclarar sino desacreditar desde posiciones ideológicas y demagógicas.
Hay que recordar que López Gatell y su jefe, han venido acomodando las cifras, los plazos y el discurso conforme la realidad ha dejado a la vista la manipulación de los datos.
Ejemplo de esto es que López Gatell ubicó el pico de la pandemia en el pasado día ocho de mayo, después del cual se debería ver el descenso o aplanamiento de la curva de contagios para iniciar su declive, pero después el propio López Obrador dijo que ese pico quizás iba a durar hasta el día 20 de mayo.
Lo peor del asunto, es que tanto López Obrador como López Gatell han jugado con los tiempos de la pandemia, sin tener en mente que iba a llegar la presión de Estados Unidos (y la propia realidad de la economía nacional) para que en México se reactiven las actividades industriales y comerciales que a ellos les interesan, sin importar que aquí apenas estamos entrando a lo peor de los contagios.
Así que ambos López, agarrados de la mano, llevan al país al abismo.
Uno por obtuso y necio, el otro por lacayo.
