Morena, el partido que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, ha planteado que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga acceso a la información bancaria y fiscal de los ciudadanos, además de poder verificar su patrimonio inmobiliario y financiero.
El Inegi “debe tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, planteó Morena a través de un comunicado firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar.
El dirigente de Morena argumentó que hay “miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
En el documento se añade que al INEGI también se le debe otorgar el acceso a la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior implicaría modificaciones a la Constitución, para que el INEGI tenga la facultad de conocer los activos de los ciudadanos. Cabe señalar que en enero el SAT ordenó a los bancos a entregar los datos de contacto de sus cuentahabientes, lo cual incluye el nombre del cliente y el domicilio fiscal.
La propuesta forma parte de un documento que se conforma de cinco puntos que dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, integrado por especialistas en la realidad económica, política y social del país.
El primer punto refiere al “Estado de Bienestar”, como concepto y propósito, debe quedar plasmado en la constitución y se integraría a los programas “que aseguren derechos” para todos los ciudadanos.
En el segundo punto se propone que se pueda medir la riqueza a través del INEGI, significa que éste tenga las facultades para obtener la información sobre el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas.
La tercera propuesta es la “progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.
Lo anterior debe ser la base para que los mexicanos contribuyan a los gastos del estado y al financiamiento del estado del Bienestar, refiere el documento. Además de integrar un Consejo Fiscal que evalúe la calidad de ingresos y gastos del Estado.
Por último, formuló la posibilidad para que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) tenga una mayor fortaleza para vigilar la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos”.
En el documento se menciona que con los cinco cambios constitucionales se podrían tener las bases para la discusión de una agenda completa que contribuya en la transformación estructural del país.
