Hermosillo, Son., febrero 9 de 2021.- El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa remitida por la Gobernadora del Estado, que establece nuevas herramientas jurídicas dentro de las leyes de Competitividad y Desarrollo Económico, y Estatal de Mejora Regulatoria, que permitirán a las autoridades estatales y municipales la eliminación o simplificación de disposiciones regulatorias que obstaculicen la generación de empresas, lo que impulsará la creación de empleos que favorezcan el desarrollo económico en caso de una contingencia.
Se trata de una nueva categoría de incentivos denominados extraordinarios que se adicionó a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, así como la figura denominada “Apertura a la Confianza” que se incluyó en la Ley Estatal de Mejora Regulatoria. Ambas normas forman parte de la iniciativa que el 21 de diciembre de 2020 presentó ante esta Soberanía la titular del Poder Ejecutivo estatal,
La Comisión de Fomento Económico y Turismo recomendó al Pleno la aprobación del dictamen, por considerar que con la entrada en vigor del Decreto, podrán establecerse herramientas jurídicas durante cualquier eventualidad que afecte de manera negativa las actividades económicas de los sonorenses.
“Nuestras autoridades estatales y municipales puedan eliminar o simplificar las disposiciones regulatorias que obstaculicen de alguna forma la generación de empresas y, en consecuencia, impulsaremos la creación de empleos que favorecen el desarrollo económico”, establece uno de los considerandos.
De acuerdo al dictamen aprobado, la nueva categoría de incentivos denominados extraordinarios se sumarán a los incentivos fiscales y no fiscales que ya existen en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, los cuales solo pueden aplicarse durante las declaratorias oficiales de contingencias, emergencias o desastres que tengan implicaciones negativas en las actividades económicas que se desarrollan en el Estado.
Su objetivo es simplificar los procesos administrativos estatales y municipales necesarios para la apertura de negocios, simplificando permisos, autorizaciones, licencias o cualquier autorización que puedan obstaculizar el emprendimiento y la reactivación económica, destaca el Decreto al que dio lectura la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.
En lo que respecta a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, la propuesta busca implementar una política de buena fe a través de la figura denominada “Apertura a la Confianza”, por medio de la cual las autoridades estatales y municipales podrán instrumentar acciones extraordinarias consistentes en el otorgamiento de facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que realicen personas físicas y morales para la apertura de negocios.
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo mediante el cual esta Soberanía convoca a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de familiares, grupos organizados de víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas, colegios de profesionales y activistas que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como a expertos en la materia, para ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó la iniciativa para declarar desierta la convocatoria contenida en el Acuerdo número 244 aprobado en mayo del año pasado, y a las personas inscritas en la anterior convocatoria se les tendrá por inscritas, como quedó consignado en el diverso Acuerdo número 316, aprobado por el Congreso el 3 de septiembre de 2020.
El diputado Eduardo Urbina Lucero expuso que el Consejo Estatal es un órgano de consulta en materia de búsqueda de personas, cuyas decisiones serán públicas, en apego a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Estará integrado por al menos dos familiares que representen a
las personas desaparecidas o no localizadas, tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General. Se procurará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense.
También lo integrarán dos representantes de organizaciones de la sociedad civil que cuenten con experiencia en el tema, para lo cual deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos; haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la Ley número 81, que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y que en su Capítulo IV ordena la creación de un Consejo Estatal.
A partir de la fecha de publicación de la convocatoria se abrirá un plazo de 30 días hábiles para que se presenten las postulaciones de las y los aspirantes, las cuales se recibirán en un horario de las 08:00 a las 15:00 horas, en Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
