Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que la prohibición de los cigarros electrónicos y vapeadores viola el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de comercio, por lo que se declaró inconstitucional la restricción de dicho productos.
La medida contó con el voto a favor de 7 de los 11 ministros que integran la SCJN, quienes manifestaron que la medida desproporcionada e inconstitucional, pero se reservaron un probable veredicto posterior para los temas de salud que atañen a los dispositivos.
“El Estado carece de legitimidad para prohibir a las personas adultas plenamente capaces que en condiciones de racionalidad adecuadas decidan el consumo relativo, y que ese consumo es parte de su plan de vida y asumen libremente el costo que para su salud o su vida puedan conllevar”, afirmó la Ministra Norma Lucía Peña durante su participación en la deliberación.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que el pronunciamiento podría cambiar en un futuro, pues posteriormente podrían surgir nuevos aspectos a considerar en el caso:
“Ahorita el pronunciamiento es si esta prohibición es constitucional o no, no nos estamos pronunciando si eventualmente se genera la inconstitucionalidad y se regula de otra forma, no estamos adelantando un criterio que analizaremos en ese momento”, dijo el ministro.
Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat afirmó que los dispositivos deberán contar con un tratamiento diferente a los productos del tabaco por parte de las autoridades, ya que no son similares y tienen particularidades propias.
En enero de este año la Segunda Sala de la SCJN, la cual se encarga de asuntos administrativos y laborales, había reiterado la prohibición de los productos al revisar el amparo promovido por la empresa Vap Labs SRL de CV, pues afirmó que la prohibición era “constitucionalmente admisible”.
Los ministros de la Segunda Sala no lograron distinguir con claridad las características de los vapeadores, pues argumentaron que la prohibición estipulada en la Ley General para el control del Tabaco se llevó a cabo para frenar la estimulación del consumo del tabaco, producto que no necesariamente aparece en los cigarros electrónicos.
Diversos consumidores de estos productos en México han presentado casi mil amparos para tener acceso legal a ellos, según datos de la organización México y el Mundo Vapeando (Mexvap), pero sólo se han resuelto 16 de estos casos.
“Hemos presentado, contando los dos decretos anteriores, desde 2019, aproximadamente 700 amparos, tenemos una proyección de que se se presenten unos 250 a 300 amparos en esta ocasión contra el último decreto del 16 de julio, por una cuestión inequitativa donde dejan a los productos de tabaco calentado, pero no a los vapeadores”, dijo el presidente de la organización, Juan José Cirión Lee, en una entrevista para El Financiero.
Cirón afirmó que los vapeadores y cigarros electrónicos son usados principalmente por personas que buscan dejar de fumar, y a falta de productos legales, se accede a ellos mediante un mercado negro.
Según Mexvap, alrededor de 35 % de los antiguos usuarios de vapeadores en el país, cerca de un millón de personas, volvieron a fumar cigarros tras la prohibición de los dispositivos electrónicos, pues temen no poder encontrar productos de calidad en el mercado negro.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell pidió hace unos días a los legisladores no legalizar el uso de estos artículos “emergentes y novedosos”, pues afirmó que es “la nueva imagen del veneno”, ya que emiten vapores tóxicos provenientes de compuestos orgánicos e inorgánicos que probablemente son nocivos para la salud.
