- NO SALE DURAZO EN LISTA NEGRA
- ¿QUIÉNES ACAPARAN CONCESIONES?
Por Jesús Ruiz Gámez
La promesa del presidente López Obrador de una “regularización barata” de los carros chuecos en los estados fronterizos ha resultado todo un engaño.
Cientos de miles propietarios de estos carros, introducidos al país de contrabando, se ilusionaron bajo el anuncio presidencial, pero sobre todo porque de inicio se dijo que el proceso solamente costaría alrededor de 2 mil 500 pesos y que, además, ese dinero se le iba a regresar a la sociedad como inversión en pavimentos.
Pero eso no fue verdad y en realidad se trata de un proceso de importación, muy “a la mexicana”, de esos cientos de miles de carros que no vienen del extranjero, sino que ya circulan de manera ilegal desde hace años por todo el país.
Este proceso costará alrededor de 10 mil pesos por unidad, por lo que el supuesto beneficio anunciado por López Obrador terminará en que su gobierno se echará a la bolsa miles de millones de pesos, mientras que los ciudadanos además tienen que “apoquinar” con esa colaboración de 2 mil 500 pesos para que les pavimenten algunas de sus calles.
Así, se trata de un negocio redondo para el gobierno de López Obrador: por un lado le caen miles de millones de pesos para seguir financiando proyectos que en nada beneficiarán a la gran mayoría de los estados, mientras al mismo tiempo le saca a los ciudadanos otros miles de millones de pesos para mejorar calles, como si para eso no se pagaran ya impuestos.
Pero además hay otro problema: esta “regularización” será solamente un truco recaudatorio porque para nada acabará con el problema de los carros chuecos.
Cientos de miles de “chocolates”, aproximadamente la mitad del padrón que tienen las organizaciones afiliadoras, quedan fuera del proceso porque sus componentes no cumplen con las disposiciones del tratado de libre comercio que el gobierno mexicano debe cumplir.
Y el precio tan elevado por las importaciones hará que otros miles, quizás decenas de miles, no puedan pagar aunque lo quieran, pues en incontables casos los 10 mil pesos representan una gran parte del valor de sus carros.
Entonces, ¿para qué pagar 10 mil pesos por la “regularización” si de todos modos van a seguir cientos de miles de “chocolates” rodando por nuestras calles?
Esto huele a otra tomada de pelo por parte del gobierno, ¿a poco no?
NO SALE DURAZO EN LISTA NEGRA
Ayer el columnista Salvador García Soto reveló una nueva trama de lo más oscuro de la política nacional, en torno a las investigaciones hechas por las agencias norteamericanas DEA y el FBI sobre las actividades ilícitas del empresario mexicano Sergio Carmona Angulo, dedicado presuntamente al manejo y lavado de dinero proveniente del huachicoleo de gasolina y diesel, principalmente.
El columnista cita que este empresario fue asesinado el pasado 23 de noviembre en el municipio de San Pedro Garza-García, en Nuevo León, pocos días después de que el gobierno mexicano fue enterado sobre esas investigaciones.
Cito el tema porque en esas investigaciones sobresale que el asesinado empresario “habría financiado con 500 millones de pesos las campañas morenistas a las 15 gubernaturas que se disputaron en 2021. Apoyó financieramente a candidatos de Morena en Nuevo León, Nayarit, Zacatecas, Campeche, Sinaloa, Michoacán y en las dos Baja Californias.”
Afortunadamente para Sonora, en esa lista negra de campañas a gobernadores que habrían recibido dinero sucio, no aparece la que encabezó aquí el gobernador Alfonso Durazo Montaño y eso hay que resaltarlo y hasta festejarlo, en medio de este mar de corrupción en que suelen nadar los políticos mexicanos.
¿Se imagina saber que la campaña de Durazo fue financiada con recursos ilícitos?
Empezaría su sexenio manchado, de la misma manera en que todavía no se borra la mancha que dejó la llamada “Operación Zafiro” sobre el gobierno de Claudia Pavlovich.
¡Ah! Por cierto ¿no asegura una y otra vez el presidente López Obrador que su gobierno minimizó el negocio sucio del robo y tráfico de combustibles?… Pues ya ven que es otra mentira.
¿QUIÉNES ACAPARAN CONCESIONES?
El gobernador Durazo expresó de manera muy contundente esta semana que está totalmente decidido a meter orden en el sistema de transporte del estado y que lo hará, recalcó, sin lastimar los derechos de quienes de una manera u otra han vivido de manera lícita de esta actividad durante muchos años.
El martes dijo que se reunirá nuevamente con los dueños despojados de sus concesiones por la requisa ejecutada por el anterior gobierno y que estaba dispuesto a permitir que los poseedores de una sola concesión regresen a prestar el servicio.
Antes, el Gobernador informó haber ofrecido a estos mismos concesionarios de un solo camión, la compra de sus concesiones a razón de 500 mil pesos, oferta que fue rechazada, pues quieren cuando menos tres veces más.
Lo que sí dejó claro el Mandatario es que no dará el mismo trato a quienes tienen más de una concesión, pues asegura que hay acaparadores que están recibiendo hasta 200 mil pesos mensuales del gobierno, por acumular varias concesiones y haber ganado los amparos contra la requisa.
Con estos acaparadores el Gobernador no quiere ni jugar a las canicas, según lo que ha expresado.
Pero el gobernador Durazo incurre en la misma práctica de anteriores gobernantes: habla de los pecados cometidos pero no de los pecadores.
¿Acaso no debe ser pública la información sobre quiénes son los particulares o grupos, sean empresariales o políticos, que hicieron negocios con las concesiones de transporte al amparo de gobiernos anteriores?
¿Quiénes son los acaparadores que tanto señala el Gobernador?
Los Sonorenses tienen derecho a saberlo, ¿no creen?
