- COSTO A MÁS DEL DOBLE
Por Jesús Ruiz Gámez
Luego de que ayer platiqué con el actual vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, el ingeniero José Luis Jardines, me acabé de convencer de que la planta desaladora construida para menguar el desabasto de agua potable en Guaymas y Empalme es un verdadero atraco que le heredaron y tendrá que pagar el gobierno de Alfonso Durazo Montaño.
El Ingeniero Jardines se comunicó conmigo para aclararme, de la manera más amable, varios puntos sobre lo que escribí, los cuales enumero para mejor comprensión:
1.- No es cierto que la planta ya está terminada, me dijo, pues al llegar la actual administración estatal en septiembre pasado se encontraron diversas deficiencias, que no son graves, pero algunas requieren reposición de piezas que se piden al extranjero.
Escribí ayer que la planta estaba ya terminada porque a inicios de septiembre pasado el anterior vocal ejecutivo de la CEA, Sergio Ávila Ceceña, anunció que ya entraba en periodo de pruebas y que sería para finales de octubre cuando iniciaría la etapa de suministro “de calidad y cantidad” hacia la red de distribución de Empalme y en noviembre para Guaymas.
Es decir que la planta se quería echar a andar a pesar de las deficiencias y obviamente el nuevo gobierno de Alfonso Durazo lo impidió.
2.- Me dice el ingeniero Jardines que lo esperado es que para mayo próximo ya queden subsanadas las deficiencias y entonces empiece la entrega de los 200 litros por segundo, tal como lo establece el contrato con los empresarios que financiaron el 49% de la obra mientras que el resto fue aportado por el gobierno federal.
Sin embargo, todavía falta que la Secretaría de Marina formalice un permiso que autorice las descargas de agua residual de vuelta al mar, pues del proceso de ósmosis inversa resulta medio litro de agua pura por otro medio litro de agua con salinidad concentrada (salmueras).
La enorme cantidad de salmueras con alta concentración de sal representa un peligro ecológico si no se hace de la manera correcta, advirtió el ingeniero Jardines, por lo cual es un asunto que tratará directamente en la Ciudad de México la semana próxima.
3.- El Vocal Ejecutivo aporta el dato de que el contrato establece la obligación para la CEA de pagar 20 pesos por cada metro cúbico de agua enviada para su distribución, lo cual quiere decir que, de manera obligada, el gobierno de Alfonso Durazo tendrá que pagar más de 10 millones de pesos mensuales.
COSTO A MÁS DEL DOBLE
Bien, ahora paso a argumentar por qué considero que esto de la planta es un atraco:
En noviembre de 2015, la entonces gobernadora Claudia Pavlovich anunció, acompañada por la plana mayor de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en ese momento, la construcción de la planta desaladora con una inversión de 400 millones de pesos, más 80 millones de pesos de un estudio de factibilidad.
En realidad la planta, hasta septiembre del año pasado, había costado ya más de 850 millones de pesos, casi el doble de lo anunciado por Pavlovich.
Luego, en los siguientes años en que se dio la licitación de la planta, a pesar de que muchos insistimos en el tema, nunca se anunció un programa de inversiones para reponer la muy dañada red de distribución de Guaymas y Empalme, a la cual se le inyectaría el agua desalada a costos mucho más elevados.
Ahora resulta que ese es precisamente el problema, pues el ingeniero Jardines concede que es inviable llevar el agua de la desaladora a los hogares de ambos municipios, por dos razones:
Le primera es que actualmente se les vende el agua potable a los usuarios a razón de unos seis pesos por metro cúbico y sería un enorme problema social cobrar el agua de la desaladora a precio real, pues llevaría a aumentar los recibos de consumo a más de 200% cuando menos.
Y la segunda y más grave razón de lo que yo llamo atraco: la desaladora fue construida a pesar de que siempre se supo que sería inviable meter su agua a una red de distribución sumamente obsoleta y que requiere multimillonarios recursos para renovarla.
Además, siempre se supo que los usuarios de Guaymas y Empalme jamás tendrían ni disposición ni solvencia económica para pagar el costo del agua desalada, una inviabilidad que le sería heredada al posterior gobierno.
Ahora, el gobierno de Alfonso Durazo, a través de la CEA, analiza la posibilidad de que el agua de la desaladora sea entregada solo para consumo industrial, para lo cual habrá que convencer a los empresarios de la región de que ellos “marchen” con los altos costos.
La realidad actual es que el gobierno de Durazo no tiene dinero para hacer las millonarias inversiones que requiere la red de distribución, como tampoco lo tiene para subsidiar la tarifa a los niveles aceptables para los usuarios domésticos.
Total que, como ya lo escribí hace años, un buen proyecto como lo es una planta desaladora de alta tecnología (al menos así se anunció) termina siendo un enorme atraco para las finanzas públicas, del cual ya no están los funcionarios de anteriores gobiernos (tanto federal como estatal) para responder y le tocará al de Alfonso Durazo buscar cómo salir de este hoyo.
Así las cosas en Sonora.
