El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue trasladado la mañana de este viernes del Reclusorio Oriente al Reclusorio Sur, donde tendría una audiencia.
El juzgado 8 requirió su presencia para que comparezca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos, por los que se le acusa.
Pero además de estos delitos, ya el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, reveló que interpondrá varias denuncias por presunto desvío de recursos de la cuenta pública de 2014 y años anteriores de su administración.
“Tenemos que presentar una denuncia de hechos ante PGR y están en proceso otras más, no puedo decir cuántas porque todavía no armamos los expedientes”.
Recordó que ya la Auditoría Superior de la Federación interpuso entre 18 y 20 denuncias contra el gobierno que encabezó el panista Guillermo Padrés por intentar engañar a la autoridad revisora.
Cuando le detectaban recursos faltantes o mal aplicados, el gobierno estatal simulaba reintegrar el dinero.
“Nos demostraban haber reintegrado el dinero a la cuenta original, sin embargo, días o semanas después volvían a sacar el dinero, es un delito por eso tengo presentadas un buen número de denuncias penales sobre ese tema”.
Denunció que es una práctica generalizada en los gobiernos estatales donde operadores sacan y transfieren dinero público a una cuenta concentradora y ahí se pierde todo el control de los recursos.
Expuso que Guillermo Padrés ha tenido todo el tiempo para aclarar los desvíos de recursos que le señaló la Auditoría Superior de la Federación y siguen muchos casos pendientes.
Y duda que ahora que se ha entregado a la justicia vaya a confesar directamente que cometió irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Entrevistado en el Seminario Internacional Desigualdad y Corrupción, el Auditor Superior de la Federación expuso que cada año hace 6 mil observaciones a los gobiernos estatales por irregularidades y opacidad es en sus gastos.
Confió en que la nueva y autónoma Fiscalía Anticorrupción ayudará mucho a agilizar las auditorías y la fiscalización de recursos públicos.
