Diego Cruz, el joven detenido en España acusado de violar a una menor de edad en Veracruz, será juzgado en México.
Después de meses de batalla legal para impedir que el miembro de la pandilla de los Porkys de la Costa de Oro, pisara tierras mexicanas y enfrentara cargos por pederastia, el pleno de la Audiencia Nacional española ratificó la decisión de un tribunal que había ordenado su entrega en octubre. Ahora es sólo cuestión de tiempo.
A mediados de noviembre, un juzgado de Veracruz intentó frenar la extradición al reconocerle un amparo y cuestionar la orden de detención. Con ello, el juez mexicano podría haber impedido la entrega del Porky, que se enfrenta en México hasta 40 años de cárcel por el delito de pederastia agravada, según interpretan fuentes judiciales.
La defensa del chico insistió en que había sido víctima de extorsión por parte del padre de la joven Daphne Fernández, que —según dijo— secuestró y pidió 4 millones a los Porkys. Pero el máximo órgano de la institución ha rechazado por segunda vez sus argumentos.
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El auto, ahora confirmado por el Pleno, explicaba que el delito por el que se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, “siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
Cruz se había refugiado en España, después de que le estallara el caso en marzo, porque tenía doble nacionalidad —mexicana y española— e intentó que esto le sirviera de salvoconducto para no regresar a su país. Pero la justicia española lo ha dejado claro: “Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, aducida por su defensa, la Sala considera que “en manera alguna” impide la extradición, conforme al artículo 13.3 de la Constitución y el tratado bilateral España-México”.
agotado su munición, pero la justicia española insiste: el joven detenido en España, acusado de violar a una menor de edad en Veracruz, será juzgado en su país. Después de meses de batalla legal para impedir que Diego Cruz, de 21 años, miembro de la pandilla de los Porkys de la Costa de Oro, pisara tierras mexicanas y enfrentara cargos por pederastia, el pleno de la Audiencia Nacional española ha ratificado la decisión de un tribunal que había ordenado su entrega en octubre. Con esta última resolución, la extradición es sólo cuestión de tiempo.
A mediados de noviembre, un juzgado de Veracruz, tierra natal del joven, intentó frenar la extradición al reconocerle un amparo y cuestionar la orden de detención. Con ello, el juez mexicano podría haber impedido la entrega del Porky, que se enfrenta en México hasta 40 años de cárcel por el delito de pederastia agravada, según interpretan fuentes judiciales. La defensa del chico insistió en que había sido víctima de extorsión del padre de la joven Daphne Fernández, que —según dijo— secuestró y pidió 4 millones a los Porkys. Pero el máximo órgano de la institución ha rechazado por segunda vez sus argumentos. El auto, ahora confirmado por el Pleno, explicaba que el delito por el que se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, “siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”. Cruz se había refugiado en España, después de que le estallara el caso en marzo, porque tenía doble nacionalidad —mexicana y española— e intentó que esto le sirviera de salvoconducto para no regresar a su país. Pero la justicia española lo ha dejado claro: “Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, aducida por su defensa, la Sala considera que “en manera alguna” impide la extradición, conforme al artículo 13.3 de la Constitución y el tratado bilateral España-México”. El caso de los Porkys de la Costa de Oro provocó la indignación en México sobre la impunidad de los más ricos. La sensación de que por ser todos hijos de empresarios y políticos influyentes, se librarían de enfrentar a la justicia, desató fuertes críticas al Gobierno mexicano y aceleró las órdenes de detención. Es necesario recordar que, aunque los hechos ocurrieron en enero de 2015 y pesaba sobre ellos una denuncia, un año después ninguno había sido detenido. Ni un solo juzgado había ordenado su presentación y menos una detención en su contra. No fue hasta marzo de 2016 cuando las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Las polémicas entre el padre de la joven, que difundió vídeos de los chicos confesando su crimen, y los padres de ellos fueron casi diarias en verano de este año. Cuando el caso alcanzó las cotas máximas de irritación social, por la sospecha primero y certeza después de que al menos dos de ellos habían huido del país por la puerta grande, pese a estar manchados sus apellidos con una denuncia por pederastia, la Fiscalía mexicana emitió las fichas de la Interpol. En junio de este año, Cruz caería en España mientras salía de fiesta con sus amigos. El joven intentó engañar a la Policía sobre su identidad. El caso de los Porkys de la Costa de Oro comenzó el 2 de enero de 2015. Cuatro amigos de esta pandilla, integrada por hijos de familias adineradas de Veracruz, salían esa noche de una discoteca. Se subieron a un coche negro, propiedad del padre de uno de ellos, y obligaron a la víctima a acompañarles. En la parte trasera del vehículo, Cruz y otro amigo, Jorge Cotaita, abusaron de Daphne Fernández, según la víctima. Y al llegar a la casa del cabecilla de la pandilla, Enrique Capitaine, hijo de un exalcalde veracruzano, la chica fue violada. Estos hijos de familias adineradas en Veracruz, que se paseaban exhibiendo su poderío por las zonas más exclusivas de la entidad como auténticos mirreyes, fueron bautizados con el mote por su parecido con aquellos Porkys de Xalapa que marcaron el imaginario colectivo de los veracruzanos en los años noventa y principios de los 2000. Todos juniors o mirreyes, chicos de familias poderosas e influyentes de la región, hijos de empresarios y políticos, fueron señalados por la comisión de un crimen y exonerados después de las consecuencias penales. Aquellos mataron a un joven a golpes y, como los actuales, pese a estar implicados en el caso, lograron sortear la Justicia y cruzar las fronteras. Diego Cruz el segundo detenido de los de los cuatro implicados en el caso contra la menor Daphne Fernández. Dos siguen en libertad. Enrique Capitaine, el cabecilla del grupo, fue el primero en ser capturado en mayo de este año. El único que queda prófugo de la pandilla es Jorge Cotaita, quien junto con Cruz, está acusado también de pederastia agravada. El cuarto, Gerardo Rodríguez, que conducía el coche en el que abusaron de la joven, quedó desde el principio libre de cargos. Aunque Capitaine fue señalado por la joven como el que la violó y, según su declaración, los demás sólo abusaron de ella, Cruz y Cotaita se enfrentan, no obstante, al delito más grave al cometer el abuso en grupo.
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