Luchando contra las injusticias encontraron la muerte en un Día de la Mujer.
Un total de 19 niñas fallecieron -17 por quemaduras- y otras 38 resultaron heridas en el incendio que se registró hoy en un centro de menores de Guatemala, cuando las jóvenes intentaron protestar por los abusos sexuales y físicos que sufren.
Según las primeras investigaciones, el fuego fue originado por ellas mismas en unos colchones, explicó a la prensa en los alrededores del Hogar Virgen de la Asunción, en el municipio capitalino de San José Pinul, el defensor de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) Abde Paredes.
Un centenar de personas se concentran en las inmediaciones y entre lloros, súplicas y clamores exigen a las autoridades las identidades de los fallecidos y los heridos, pues hasta el momento no han recibido información.
Aunque las trabajadoras del sector de mujeres intentaron apagar las llamas con varios extintores, el fuego se propagó rápidamente.
El trabajador de la Procuraduría dijo a la prensa que fiscales del MP están ahora investigando los hechos y que también se espera a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie por unas medidas cautelares solicitadas en noviembre del año pasado por la institución en este caso.
Mientras, los otros menores del centro están empezando a ser trasladados, algunos son devueltos a sus familias y otros llevados a otros albergues, como unas niñas con discapacidad que fueron sacadas en autobús cerca del mediodía.
Uno de los jóvenes que salió, Daniel, de 16 años, contó a periodistas entre sollozos que las niñas fallecidas estaban encerradas en una escuela bajo llave después de una revuelta que se organizó ayer, cuando 40 muchachos intentaron escapar, aunque luego fueron reubicados.
El pequeño, acompañado de algunos familiares, señaló que las autoridades “no las ayudaron”, que tardaron mucho en reaccionar y que no les dejaron entrar para socorrerlas: “Se quedaron parados. Las conocíamos. Nosotros queríamos ayudar pero no nos dejaron”, dijo antes de abrazarse con su familia.
Con los ojos llorosos y la cabeza cabizbaja, padres, madres y hermanos de algunos de los recluidos exigen saber la verdad. El padre de Pablo, un niño de 14 años, cuenta a Efe que su vástago está en el centro pero desconoce su estado.
Sin embargo, no duda en denunciar que al igual que muchos otros que están dentro es víctima de abusos: “Eso es trata de personas. Es una porquería. Tiene golpes cuando lo vengo a ver y si le pregunto quien se los hizo se molesta”, asegura este hombre, que prefiere no dar a conocer su nombre, acompañado de otro de sus hijos.
Un grupo de mujeres comentó los testimonios que en su día contaban los pequeños y aseguran que son “golpeados” y violados”: “No son criminales ni animales. Son niños, son personas, son adolescentes”, grita una de ellas.
“La comida es más mierda. Todo es un desastre. Aquí los tratan peor que uno. Si mi hijo era un rebelde ahora con cholos (pandilleros) peor. Aquí no los cuidan nada”, dice ora madre.
El centro ha estado envuelto en polémica desde el año pasado. Al menos 47 jóvenes se fugaron, lo que llevó a la Secretaría de la Presidencia encargada de la guardia y custodia a destituir en su momento al director.
Las autoridades investigan desde entonces los hechos y una jueza decretó el cierre paulatino del centro, motivo que llevó a dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la expresidenta del organismo Silvia Patricia Valdés, a personarse en en lugar para verificar la situación.
Decenas de policías, bomberos, miembros de la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (Conred) y la Cruz Roja, entre otros, se encuentran en el lugar, al que se prohíbe el acceso a la prensa, que se amontona en los alrededores y algunos de los cuerpos han empezado a salir.
