El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de EU mantiene el bloqueo del veto migratorio decretado por el presidente del país, Donald Trump, contra seis países de mayoría musulmana.
En su dictamen, el tribunal señaló que el veto ordenado por Trump “habla con palabras vagas de seguridad nacional, pero en un contexto salpicado de intolerancia, animosidad y discriminación”.
El presidente emitió el pasado marzo un polémico decreto para prohibir durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia, a fin de combatir el terrorismo yihadista.
La decisión del tribunal, con sede en Richmond (Virginia), significa en la práctica que el gobierno de Trump no puede aplicar la prohibición con el argumento de salvaguardar la seguridad nacional.
Un panel de trece jueces evaluó el decreto, de los que diez optaron mantener el bloqueo al veto, frente a tres que se manifestaron en contra.
El Tribunal de Apelaciones se declaró “no convencido” de que la orden de Trump “tenga más que ver con la seguridad nacional que con el logro de la prohibición musulmana prometida por el presidente” durante la campaña electoral de 2016.
De esa manera, el tribunal mantuvo vigente el fallo de un juez de Maryland (estado que pertenece a la jurisdicción del Cuarto Distrito) que bloqueó el pasado marzo partes esenciales de la orden ejecutiva, tal y como hizo otro juez de Hawái.
El fallo del magistrado de Hawái fue evaluado la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en Seattle, que aún debe pronunciarse sobre el caso.
Trump decretó el veto en marzo después de que la Justicia bloquease su primer veto migratorio, proclamado el 27 de enero y que tuvo que ser sustituido por uno nuevo debido a los continuos reveses judiciales.
El segundo decreto, a diferencia del primero, dejaba fuera a los ciudadanos de Iraq y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
A pesar de los fallos de las cortes de apelaciones, es muy probable que el caso acabe en el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, que será el encargado de decidir sobre la constitucionalidad del controvertido veto.
Los detractores de la orden migratoria argumentan que contraviene la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a cualquier individuo de la discriminación por motivos religiosos.
