Después de tres años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, los afectados ganaron un amparo mediante el cual el juez primero de Distrito del estado reconoció que al menos dos pozos aún están contaminados.
Cabe destacar que la decisión del juez Primero de Distrito, Antonio Mora Diez, se basó tomando como referencia la Guía para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994 como lo hizo Cofepris, ya que la del organismo internacional contiene estándares más altos de calidad en el agua.
Tras el amparo 834/2015, interpuesto con la representación legal de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) en 2015, finalmente se resolvió la contaminación de al menos los pozos de Sinoquipe y La Labor, por altos niveles de arsénico, en el primero, y por manganeso, en el segundo.
Mario Alberto Salado y Ramón Miranda, representantes de algunos de los damnificados, indicaron que la limpieza en el río se realizó de manera inadecuada, al utilizarse herramientas muy simples, como carretillas y los contaminantes se dejaron en la ribera de los ríos.
Ahora exigen al gobierno federal les garanticen el derecho a la salud y al agua limpia.
El fallo del juez significa que el monitoreo que llevó a cabo la Cofepris no es confiable metodológicamente por lo que se pone en riesgo la salud de los habitantes de Arizpe, Banámachi, Hueac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, además de 25 comunidades.
En este sentido, Luis Miguel Cano, abogado de PODER, señaló que interpondrán una demanda – que se suman a los 11 recursos legales que ya han interpuesto— contra el Instituto de Seguridad y Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por no atender la solicitud de atención médica a todos los sonorenses, a pesar de que existe evidencia de contaminación del agua.
A la fecha, la Cofepris sólo ha reconocido 381 casos, cuando son muchas más las personas afectadas, subrayó.
Cano López también demandó que luego de tres años, la empresa minera no ha cumplido con la totalidad de las acciones de reparación del daño y el gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han eludido su responsabilidad de investigar y de exigir justicia.
Por ejemplo, de los compromisos de Grupo México para subsanar el daño, se suspendió la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) para atender a los pobladores con daños, y de las 36 plantas potabilizadoras de agua que se habían comprometido solamente se construirán 9, 7 fijas y 2 móviles.
En ambos casos, la empresa que lidera Germán Larrea Mota-Velasco argumentó para su suspensión que el “estado de Sonora no cuenta con la capacidad para operarlas”.
