Nueve expedientes reservados por el gobierno de Sonora fueron abiertos por el Instituto de Transparencia Informativa (ITIES), que ordenó la entrega de la información, entre la que se incluye la referente a los apoyos a afectados por el caso de la Guardería ABC y recursos de operación de la oficina del Ejecutivo y del área de comunicación social, entre otra.
El estudio y resolución a cargo de la presidenta del ITIES, Arely López Navarro, fue votado unánimemente por los vocales del órgano garante de la transparencia en el Estado, en una sesión de Pleno en la que igualmente resolvieron a favor de los solicitantes otros 21 recursos de revisión presentados por López Navarro y los también vocales Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero.
En cuanto al caso de la oficina de gubernatura, se ordenó entregar versiones públicas de los nueve expedientes, en las que sólo se excluyan los datos que pudieran afectar la privacidad de las personas involucradas, principalmente en los casos socialmente sensibles, como el de la Guardería ABC.
La determinación del ITIES fue todavía más favorable para el ciudadano, quien sólo había pedido copia de los acuerdos mediante los que se fundamentó la restricción informativa concerniente a la secretaría técnica, a la coordinación jurídica, ayundantía del gobernador, a comunicación social y a la secretaría técnica de la comisión implementadora del nuevo sistema de justicia penal.
Pero al revisar dichos acuerdos de reserva, el Instituto de Transparencia Informativa encontró que el argumento legal expuesto no era suficiente y, luego de un análisis, tampoco halló un riesgo de daño si se ventilaban las versiones públicas de los expedientes reservados por 10, seis y cinco años, por lo que ordenó que sean desclasificados.
Actuando en un sentido garantista y bajo el principio de máxima publicidad, el ITIES decidió que sean dados a conocer los recursos que el gobierno estatal ha entregado como apoyos a los padres de víctimas en la Guardería ABC, las asesorías y servicios de imagen y comunicación contratados por la oficina del Ejecutivo estatal, el número de vehículos oficiales asignados a funcionarios de primer nivel y a la casa de gobierno, y las transacciones bancarias y financieras realizadas también por la oficina del Ejecutivo.
Asimismo, se deberá entregar al solicitante versiones públicas sobre equipo de telefonía y radiocomunicación del Ejecutivo, y sobre el armamento, viáticos y otros costos del área de seguridad del gobernador del Estado; igualmente, el número de empleados asignados a la casa de gobierno en Hermosillo, y los contratos realizados para la implementación del nuevo sistema de justicia penal con dos empresas en específico.
Es de recordar que originalmente un periodista había pedido saber qué información mantenía reservada el área de gubernatura en Sonora, lo cual se le dio a conocer a manera de lista, y a partir de ello otra persona solicitó los acuerdos legales en que se sustentaba esa clasificación, mismos que le fueron negados y por lo cual se inconformó ante el Instituto de Transparencia Informativa, hasta llegar a la resolución favorable.
