Un juez ha absuelto este miércoles a Diego ‘N’, de 19 años, quien estaba acusado de alterar con inteligencia artificial miles de fotos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para fines sexuales. El magistrado, tras una audiencia que tuvo una duración de más de cinco horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la delegación Iztapalapa, ha justificado que “no había elementos suficientes” para demostrar su culpabilidad en el delito contra la intimidad sexual de dos de las ocho víctimas que llegaron con su denuncia hasta esta instancia, según dio a conocer en conferencia de prensa Valeria Martínez, representante legal de las jóvenes.
El caso es el más icónico documentado sobre violencia digital con inteligencia artificial hacia mujeres universitarias, que tiene que ver con mercados de explotación sexual y sobre difusión y producción de contenidos. La defensa de las víctimas, tras más de un año de seguir este proceso, buscaban sentar un precedente importante respecto al uso de la tecnología para la creación de contenidos sexuales falsos sin consentimiento.
Han pasado más de 400 días desde que las ocho alumnas afectadas de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), que forma parte del IPN, empezaron con el via crucis en pos de justicia contra quien, antes de todo lo ocurrido, fue su compañero de estudios. La denuncia contra Diego “N” se remonta al 6 de octubre de 2023, cuando presuntamente se encontró al joven en ese momento con un dispositivo que contenía aproximadamente 20.000 imágenes alteradas. Sin embargo, la realidad se tornó más oscura. A partir de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX), se halló en la tablet 166.000 fotografías alteradas, así como 20.000 videos y compilaciones de fotografías reales y alteradas de las que al menos 40% eran de alumnas del Politécnico, de entre 17 a 25 años.
“Nos dijo [el juez] que sí se podía acreditar que existía un delito, que sí se acreditó la afectación que recibieron las víctimas, que se acredita el contexto de vulnerabilidad en que las víctimas se encontraban, no obstante consideró que no se le podía acreditar a Diego la probable participación”, detalló Martínez.
Las jóvenes que fueron afectadas también dieron a conocer en su momento la existencia de una organización de venta y reproducción de contenidos íntimos no consensuados, que operaba a través del servicio de mensajería instantánea Telegram. Esta operación, según dieron a conocer, existía dentro del IPN desde hace al menos seis años. Angie Cruz, quien funge como delegada estudiantil de la ESCA para apoyo en temas de género para las estudiantes, considera que a raíz del caso de Diego “N” se logró que esta red dejara de funcionar o, si es que aún persiste, lo hiciera de forma más discreta.
Sólo dos de las ocho afectadas han podido llevar la investigación de su caso hasta tribunales. Una tercera víctima comenzará su audiencia inicial contra Diego “N” este lunes 9 de diciembre. Las otras cinco carpetas aún permanecen para su revisión en el Ministerio Público. Según el Informe Violencia Digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, 72,3% de las víctimas de agresores sexuales tienen escolaridad universitaria, de las cuales 48,7% son estudiantes.
“El sistema judicial ha fallado, no solo a nosotras sino a todas las mujeres que han sido vulneradas en el ámbito digital. Esta sentencia absolutoria no es justicia, es complicidad. Es la viva representación del pacto patriarcal. Somos víctimas de un sistema que protege a los agresores y revictimiza a quienes denunciamos”, afirmó una activista en las afueras del Reclusorio Oriente, con la voz entrecortada y casi en lágrimas.
La abogada de las víctimas dio a conocer que ahora toca realizar la apelación por estas dos carpetas ante un juez de distrito, ya que considera que al magistrado local que dictó la sentencia absolutoria le faltó “pericia”. “Es decir, va a revisar el pronunciamiento del juez local. Esperamos que pueda resolver el caso con muchísima más determinación, más conocimiento y más preparación en el tema”, añadió la defensora.
Adicionalmente a los cargos en su contra, a inicios de marzo de este año el Ministerio Público imputó el delito de trata de personas contra el exestudiante del IPN, en su modalidad de almacenamiento de material fotográfico de personas menores de edad realizando actos sexuales reales. Por lo que Diego “N” permanecerá en prisión preventiva por este delito.
“Esto no se acaba. Es apenas el principio. Son ocho víctimas, dos de ellas acaban de recibir una sentencia absolutoria, pero no es la última etapa. Además recordarles que todavía tenemos seis víctimas más que están en la espera de llegar a juicio, entonces todavía tenemos mucho camino por recorrer”, finalizó la abogada.
Olimpia Coral Melo, creadora e impulsora de la ley que lleva su nombre, que junto a su equipo brindó asistencia legal, emocional y psicológica a las afectadas, publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que indicó que las jóvenes del IPN “están viviendo un momento muy difícil” y que como “no hubo justicia. Habrá revolución”. “Anunciamos que apelaremos por la vía legal, seguiremos denunciando por la vía política, alzaremos la voz con nuestro amor colectivo, caminaremos de todas las maneras pacíficas posibles, pero de ser necesario quemaremos todo y las llamamos a quemarlo con nosotras”, sentenció.
