Con 72 votos a favor y 46 en contra, el Senado aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que contempla la creación de los 32 “superdelegados”, faculta al presidente para legislar a través de comisiones consultivas y crea, de nueva cuenta, la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, la oposición a Morena advirtió que dicha propuesta desmantela a la Secretaría de Gobernación, al desprenderla de tareas de seguridad, Cisen y hasta Protección Civil, sino que concentra funciones excesivas en la presidencia.
Al respecto, el morenista Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, sostuvo que el plan de paz del nuevo gobierno requiere de una estrecha coordinación interinstitucional.
Por ello, apuntó, el gabinete será encabezado por el presidente de la república y junto con la Segob, la nueva Secretaría de Seguridad, la Sedena, la Semar y con carácter de invitado, el Fiscal General de la República participarán en una estructura fincada “en la unidad de mando, la visión común, la preeminencia del carácter civil y el compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades sociales”.
Arias Solís dijo que las modificaciones a 27 artículos del ordenamiento jurídico citado son viables y necesarias para integrar la nueva estructura de la Administración Pública Federal, a fin de responder a los reclamos y demandas más sentidas de la sociedad, como lo son la seguridad, la justicia y el bienestar económico y social.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, confirmó que modificarán la fracción 8ª del artículo 27 en materia de medios públicos.
Los priistas Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu y Manuel Añorve, así como la panista Nadie Navarro desde tribuna, rechazaron la minuta e informaron que presentarán acción de inconstitucionalidad contra la figura de los “superdelegados” y otras medidas, además, agregaron que han entrado en contacto con gobernadores que rechazan la reforma.
A su vez, Beatriz Paredes desmenuzó los cambios en tribuna, al acotar que el PRI no busca debilitar al nuevo gobierno: desaparecen las oficialías mayores, habrá jefes de unidades administrativas por una sola entidad; se concentra la función de adquisiciones, se crean los súper delegados; se concentran funciones en la oficina de la Presidencia.
“Bajo la argumentación de mayor austeridad y minimizar el dispendio, se plantean un conjunto de reformas que provocarán una excesiva centralización, situación que afectará a la sociedad, porque la centralización vuelve más tortuosos los procesos y menos eficiente la administración”, señaló.
Al abundar que la centralización afectará de manera dramática al Pacto Federal y acentúa la tendencia antifederalista que proyecta el régimen de la futura administración.
“Demandemos que estas soluciones no atropellen a los gobiernos locales, no conviertan a los gobernadores en figuras decorativas, en una tarea en la que es fundamental su colaboración comprometida, y rechazamos desde luego la pretensión de convertir a los ‘superdelegados’ en autoridades en materia de seguridad”, declaró.
