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De izquierda a derecha: EL BORREGO, EN AVANCE CONTINUO

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* #Sonora2021, mano a mano entre Durazo y Gándara

* Convierten Ley Olimpia en “ley mordaza”

* Desabasto de medicinas en el ISSSTE, hasta alcaldes lo sufren

Por Jesús Ruiz Gámez

Las más recientes encuestas de las empresas Massive Caller y Demoscopia Digital publicaron que, al mes de mayo pasado, las preferencias electorales de los sonorenses rumbo a la gubernatura pronostican cada vez más una cerrada competencia gracias al sostenido crecimiento que ha registrado el aspirante Ernesto Gándara Camou.

Pero ayer nos llegó la información de la empresa Campaigns&Elections, que se presenta en Twittter como “la revista más prestigiosa en Español sobre estrategia electoral, marketing y comunicación política”, con datos precisamente sobre la carrera rumbo al 2021.

Resulta que, según la encuesta de Campaigns&Elections, si en el 2021 se presentaran a los electores solamente las opciones de dos alianzas partidistas, con Alfonso Durazo (Morena, PT y PVEM) por un lado y por otro a Ernesto Gándara (PRI, PAN, MC, PRD), estaríamos ante un escenario de cerrada competencia, pues a la fecha la preferencia es de 36% por 33%, respectivamente.

En otro escenario planteado a los posibles electores, con el mismo Durazo con el apoyo sólo de Morena y Partido Verde, con el PT llevando como candidata a Ana Gabriela Guevara, resulta el “El Borrego” Gándara se va a la cabeza con 32% de las preferencias, contra 30 del morenista y 5% de la actual directora de la Conade.

De hecho, la propia empresa, en su cuenta de Twitter (@CE_México) posteó lo siguiente: “Nuestra nueva encuesta electoral #Sonora 2021 indica que el @PRI_Nacional podría retener la gubernatura con @EGandaraC como candidato. Aunque sería un mano a mano fuerte con @AlfonsoDurazo”.

Y efectivamente, cada vez se prefigura más ese mano a mano entre los dos principales precandidatos y por la eventualidad de que se lleguen a concretar las alianzas que darían lugar a sólo dos frentes en disputa por la gubernatura.

De lo que no cabe duda, a partir de los resultados de las encuestas conocidas en este año, es que “El Borrego” va en pleno galope rumbo al 2021.

¿OTRA ANÉCDOTA LEGISLATIVA?

Diputado Eduardo Urbina… Todo apunta al Director Jurídico del Congreso.

Los propios diputados reconocen que ésta no es la primera vez que en la Dirección Jurídica del Congreso se alteran iniciativas, en una inexplicable acción que se califica como grave pero que quizás quede como una anécdota más en el poder legislativo sonorense.

La historia es breve pero escandalosa: en el mes de marzo pasado la gobernadora Pavlovich remitió a la legislatura la iniciativa de la llamada Ley Olimpia, con la cual se deberá actualizar en Sonora el código penal para perseguir y castigar diversas formas de acoso cibernético en contra de las mujeres.

Sin embargo, resultó que la aplaudida iniciativa de la Mandataria fue “manchada” por una modificación en el dictamen, ya que se le adicionaron ocho artículos que los diputados no habían aprobado, “travesura” que se filtró y ocasionó un escándalo por la inclusión de un artículo que prevé la regulación y castigos por contenidos en redes sociales.

Ya desatado el escándalo por la nueva “ley mordaza”, como calificaron periodistas y activistas sociales ese artículo, se supo que la “travesura” fue obra del director jurídico de la legislatura, Carlos Lugo, según lo señaló el diputado Eduardo Urbina.

Urbina fue primeramente criticado en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y Comisión para la Igualdad de Género Unidas, que tuvieron a su cargo el análisis de la iniciativa, por lo que reaccionó deslindandose de la acción y señalando que la inclusión del artículo 241 BIS fue “un parche” incluido “de mala leche” en el dictamen y a espaldas de los diputados.

Urbina calificó la acción como grave porque, dijo, fue un intento de “chamaquear a los diputados y a la Gobernadora”, operado por una mano que hasta el momento permanece oculta, pues no sabía si Lugo lo hizo motu proprio, por instrucción externa o por orden de alguna de las fuerzas políticas al interior de la legislatura.

El Diputado dijo que es una práctica que debe ser erradicada, pues ya han ocurrido antes alteraciones hasta en leyes aprobadas y publicadas, por lo que ha exigido la remoción del Director Jurídico que, asegura Urbina, ya le reconoció la falta cometida.

Para esto, Urbina solicitó que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tome el acuerdo para solicitar de manera directa al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado la destitución del funcionario.

Como se sabe, de acuerdo a las modificaciones constitucionales del 2018, para que un funcionario del Congreso pueda ser removido debe ser por el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados en el Pleno, decisión que luego pasa al Tribunal de Justicia Administrativa, donde los magistrados deben calificar si la falta señalada es grave y procede la remoción.

Pero la exigencia del diputado Urbina conlleva otra intención: la votación en el Pleno supuestamente dejaría en evidencia quién ordenó los cambios a la iniciativa de la Gobernadora, pues se supone que los autores intelectuales deberían votar en contra de la remoción de Carlos Lugo.

Urbina declaró ayer, en una entrevista con el periodista Juan Carlos Zúñiga, el dato de que Carlos Lugo es una posición de la bancada del PRI, con lo que deslizó la sospecha de que desde allí se hubiese operado el intento de “chamaqueo”.

Hasta allí iba la historia del nuevo affaire legislativo, al momento de escribir esta columna, por lo que no se sabía si la petición de remoción de Urbina iba a ser considerada o si el escándalo se cortaba por lo sano con la renuncia “voluntaria” del Director Jurídico.

Si Lugo es renunciado hasta allí se cortaría el hilo de este escándalo, o igual sucederá si se consensúa entre las fuerzas políticas echarle tierra al asunto y que todo quede en una anécdota más del Poder Legislativo.

De cualquier manera allí quedará para la historia la fragilidad de los procesos legislativos, al grado de que una iniciativa del Ejecutivo pueda ser alterada de manera tan flagrante y, hasta el momento, tan impune.

COSCORRÓN AL ISSSTE

Rigoberto González… Falleció por Covid-19.

Hasta ayer se conocía que las alcaldesas de Hermosillo y Guaymas, Célida López y Sara Valle, respectivamente, eran las únicas que habían resultado positivas a las pruebas por infección del nuevo coronavirus, pero resultó que también había enfermado el alcalde de Bacoachi, Rigoberto González, quien desafortunadamente falleció por Covid-19.

Como se sabe, la Alcaldesa de Hermosillo cumplió al menos dos semanas de aislamiento total hasta que superó el contagio y se le permitió regresar a la actividad pública, al igual que Sara Valle, quien ayer informó ya estar casi completamente restablecida después de varios días con complicaciones, aunque seguirá el resguardo domiciliario.

La alcaldesa guaymense relató que soportó dolores intensos, especialmente en su garganta, por lo que decidió dar a conocer los detalles para que más gente del Puerto adquiera conciencia de la gravedad de esta infección, pues lamentablemente todavía hay muchos que minimizan el riesgo o de plano se muestran incrédulos.

Valle sospecha que fue contagiada mientras estaba en aislamiento en casa, a pesar del escaso contacto con algunos de sus funcionarios que la visitaban para trámites urgentes. De hecho informó que algunos colaboradores más presentan síntomas, aunque no precisó cuántos ni en cuáles áreas del gobierno municipal.

Otro aspecto que tocó la Alcaldesa porteña es advertir a los ciudadanos que se cuiden más porque, si bien en Guaymas no han sido tantos los contagios y las muertes, los hospitales locales han recibido pacientes Covid de otras ciudades que ya presentan saturación de hospitales, concretamente desde el Isssteson de Navojoa.

Además, la Munícipe advirtió que a ella, como derechohabiente del Issste, donde se atendió, no le proporcionaron los medicamentos recetados porque no hay en existencia en la clínica local de ese Instituto federal, un hecho que un día antes habían denunciado jubilados y pensionados.

Así que de pasadita, la Alcaldesa que dijo haber comprado todos los medicamentos de su propia bolsa, dejó ese coscorrón para la representación del Issste en Sonora, cuyo descuido en Guaymas puede costar la vida de las personas más necesitadas y afectadas por el coronavirus.

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