- RECLAMO PENDIENTE A DIPUTADOS
- DENUNCIA POR ESTAFA MAESTRA
Por Jesús Ruiz Gámez
Recibí ayer varias opiniones sobre mi afirmación de que es positiva la decisión del gobernador Alfonso Durazo de promover el recorte de 400 millones de pesos al Congreso del Estado y con ese dinero financiar un programa de becas para 73 mil alumnos de primaria, secundaria y universidad.
Un primer tema es que el nuevo programa de Durazo revive la vieja polémica de si los apoyos de gobierno deben dirigirse preferencialmente a los niños y jóvenes educandos por sus logros académicos, o si deben destinarse a tratar de minimizar la deserción escolar por causa económicas.
Una madre de familia, cuyos dos hijos recibían apoyos del Instituto de Becas y Crédito Educativo por ser niños sobresalientes en matemáticas, me escribió quejándose de que el gobierno de Durazo haya suprimido las becas para “niños talento” y ahora sólo se otorguen si puedes demostrar que eres pobre y nada más.
Retomo esta opinión, pues sé que muchos comparten esta visión, según la cual el reparto de becas bajo la consideración socioeconómica fomenta la mediocridad y, al no exigir a los alumnos esfuerzos académicos para conservarlas, terminan siendo un despilfarro de recursos públicos.
En cambio está la otra visión que considera las becas como premio al éxito académico, como generadoras de mayor desigualdad en nuestra sociedad, por lo que es mejor repartirlas al mayor número posible de alumnos con familias en situación económica vulnerable, sin importar que esto no sea garantía de mejor calidad en el aprendizaje.
Está claro que el gobernador Durazo es de los que piensan que esto último es lo adecuado y por ello repartirá 49 mil becas de mil 500 pesos para alumnos de primaria y de dos mil pesos para los de secundaria, no mensuales sino por todo el ciclo escolar.
La verdad es que no estoy tan seguro de que esas cantidades por alumno garanticen evitar la deserción escolar, esto suponiendo además que todos los padres de familia darán realmente al dinero el uso de apoyo escolar para sus hijos.
Por otro lado, el grueso de los recursos del nuevo programa, más de 300 millones de pesos, se destinará al otorgamiento de 22 mil becas para alumnos de universidades públicas, quienes recibirán de mil a dos mil pesos mensuales.
Sobre esto, otras opiniones coinciden en que esa enorme cantidad de dinero, al repartirse igualmente sólo por la condición socioeconómica, no contribuye a mejorar el capital humano de Sonora y básicamente se reducirá a una costosa estrategia electorera para garantizar afinidad partidista en los jóvenes electores.
Me parece que, aunque en desacuerdo en cómo se repartirán las becas, nadie o muy pocos cuestionan que el gobernador Durazo le haya quitado esos recursos a los diputados y los destine a los apoyos escolares, como es mi opinión.
Y el otro debate, pues en realidad no es tal, porque la decisión así la tomó el gobernante sin consultar a los ciudadanos, aunque no parece ser un tema que preocupe y menos ocupe a la sociedad civil organizada, mucho menos al populacho que, al igual que las becas del gobierno federal, recibe gustoso cualquier dinerito que le caiga.
Claro que esto debería ser tema de la comunidad académica, del magisterio, de los padres de familia y de las organizaciones empresariales, pero desafortunadamente la educación solamente es prioridad en los discursos de los políticos y en las mesas de café de todos nosotros.
¿Usted qué opina?
RECLAMO PENDIENTE A DIPUTADOS
Sobre el tema de la reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora, me dicen que el entusiasmo de los grupos más radicales que quieren su derogación, no fue a causa nada más de la promesa del gobernador Durazo sino de los diputados de Morena que prácticamente se las prometieron.
Y pues sí, porque fue precisamente la diputada coordinadora de la fracción de Morena Ernestina Castro Valenzuela, quien introdujo hace más de dos años una iniciativa con proyecto de decreto para reformar esa ley, cuyo punto central es que el rector y otras autoridades de la Unison sean electas mediante voto universal y directo de la comunidad estudiantil y académica.
Sin embargo, quizás los promotores de la reforma al interior de la Unison entiendan ahora que una cosa es lo que se promete desde la oposición y en las campañas, muy diferente a lo que ahora ven los de Morena desde el gobierno.
Porque el Gobernador ya les dijo que la reforma no será a contentillo de los grupos internos de la Universidad y la diputación de Morena, cuya coordinadora sigue siendo la diputada Castro, ni siquiera incluyó el tema en su agenda legislativa.
Me pregunto si los radicales de izquierda que promueven la reforma marcharán ahora en sus protestas hasta el Palacio de Gobierno, o ante el Congreso del Estado… O se quedarán mejor calladitos.
DENUNCIA POR ESTAFA MAESTRA
El gobernador Durazo confirmó ayer en su conferencia de prensa semanal que continúa el ejercicio de 170 auditorías en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, de las que saldrá en su momento la información para sustentar posibles denuncias administrativas o penales contra ex funcionarios del gobierno de Claudia Pavlovich.
Durazo afirmó que hasta el momento su gobierno ha presentado una sola denuncia de carácter penal y fue por el caso de la llamada “estafa maestra” en que resultan involucrados ejecutivos de la televisora Telemax y probablemente funcionarios de primer nivel del anterior sexenio.
El Gobernador aclaró que la presentación de la denuncia no fue porque ya estuviera completa la investigación que pudiera aportar pruebas sólidas para probables consignaciones ante los jueces, sino que la premura fue para evitar la prescripción de los presuntos delitos.
Así pues el Mandatario estatal dejó a la vista que, al menos en ese caso, nada de borrón y cuenta nueva.
Y los que hayan participado o se beneficiaron en la fraudulenta operación para sustraer decenas de millones de pesos de recursos federales desde Sonora, pues vale más que se contraten mejores abogados.
