La autoridad federal desdeñó a representantes de comunidades integradas en los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi.
Al excluir a representantes de los sectores esenciales del Río de Sonora, como lo son la Ganadería, Agricultura y Turismo, entre otros, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) arriesga la posibilidad de resarcir el daño a más de 50 comunidades damnificadas por el derrame tóxico que generó la minera Grupo México, en Buenavista del Cobre.
Durante el pasado fin de semana, la dependencia federal encabezada por su Blanca Alicia Mendoza, celebró en Ures reuniones informativas que debieron ser públicas a partir de un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No solamente no nos invitaron, nos impidieron la entrada al recinto, donde respetuosamente queríamos presentar nuestras propuestas, con miras a una remediación integral, transparente, de fondo y con perspectivas de futuro”, dijo Guillermo Antonio Molina Paz, coordinador del Movimiento Pro Desarrollo del Río de Sonora (MPDRS).
La Corte determinó que el cierre del Fideicomiso en el 2017 fue inadecuado y unilateral, por lo que deben resarcirse de manera integral los daños a las comunidades por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en agosto del 2014.
El MPDRS aglutina a ganaderos, productores agrícolas, ejidatarios, turisteros, hoteleros, restauranteros, comerciantes y otros productores de bienes y servicios cuyos planteamientos merecen ser escuchados para una remediación justa e integral, subrayó Molina Paz.
Entre los temas y proyectos que tiene este Movimiento, fundado el 8 de agosto del 2014, se hace especial énfasis a la Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, e Impulso al Turismo.
En total, la autoridad federal desdeñó a representantes de los sectores económicos, incluidos microempresarios, de 52 comunidades de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, comentó el también presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Río de Sonora.
Tan excluyente y parcial fue la reunión de PROFEPA, que ni siquiera invitaron a los presidentes de las nueve Asociaciones Ganaderas Locales de la región, incluyendo a la del mismo Ures, Belisario Navarro Méndez, quien representa a 364 ganaderos de ese municipio.
