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Fiscalía debe buscar a desaparecido en SLRC.

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La CEDH Sonora resolvió que ha habido inactividad
ministerial que ha retrasado la búsqueda de
una persona en San Luis Río Colorado.

Por omisiones graves en la búsqueda de una persona desaparecida, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora emitió una recomendación a la presidencia municipal de San Luis Río Colorado y a la Fiscalía General de Justicia en el estado, la cual fue aceptada en su totalidad por la primera instancia y de manera parcial por la segunda.

Días antes de su desaparición la víctima había sufrido abuso policiaco en su domicilio, de donde incluso se apropiaron de varios objetos personales, según la Recomendación número 51 de la CEDH, que se puede leer completa en https://bit.ly/3ABisdM.

Conforme al texto difundido por la Comisión, por aquellos hechos de abuso de autoridad la víctima interpuso una queja ante la propia CEDH, y a los días fue que desapareció.

Ante ello la Comisión inició una queja de oficio que luego fue ratificada por la madre del desaparecido, encontrando el organismo defensor de los derechos humanos injustificados períodos de inactividad ministerial en la investigación, varios por lapsos de días y uno de ellos por un tiempo de hasta poco más de cinco meses.

Por todo lo anterior se emitió la recomendación número 51 en lo que va de la gestión de Rentería Barragán, que viene a ser la número 15 que se dicta en el presente año, investigando la CEDH los hechos como probables violaciones a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al acceso a la justicia.

El ombudsperson explicó que con esta resolución la Fiscalía de Justicia debe continuar la búsqueda de la persona desaparecida, y a la vez investigar e imputar a los responsables de ello.

De la misma manera, al igual que la presidencia municipal de San Luis Río Colorado, en lo que a cada instancia compete deberán investigar y sancionar penal y administrativamente a quienes hayan cometido las violaciones aquí descritas; externar un acto de disculpa pública; y, mediante capacitación en derechos humanos al personal a su cargo, procurar la no repetición de este tipo de casos. Así mismo, se habrá de incluir a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas.