El expresidente de la Corte y actual colaborador de Claudia Sheinbaum,
es acusado de hostigar a jueces para influir en sus sentencias.
En un hecho inédito, el Poder Judicial de la Federación abrió una investigación por actos de corrupción y hostigamientos a jueces y magistrados, presuntamente cometidos por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su equipo cercano de colaboradores.
La actual ministra presidente de la Corte, Norma Piña (quien ha tenido enfrentamientos con el presidente López Obrador y su movimiento de la Cuarta Transformación), abrió la investigación con base en una denuncia anónima.
Dicha denuncia contiene relatos pormenorizados de presiones que Zaldivar y su equipo hicieron a jueces para resolver en un determinado sentido varias sentencias.
Por la cantidad de personajes y hechos denunciados, esta es la investigación más amplia que ha sido abierta contra integrantes del Poder Judicial sobre posibles actos de corrupción, extorsiones y amenazas, entre otras ilegalidades.
La denuncia identifica con nombre y apellido a setenta jueces y magistrados presionados e intimidados por los emisarios de Zaldívar, así como también a los que aceptaron participar voluntariamente en las “corruptelas” y obedecieron sus instrucciones para dictar fallos en favor de la Fiscalía General de la República y del gobierno federal.
En el oficio emitido el 9 de abril para la investigación J/108/2024, se acusa a Zaldívar como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial.
El texto señala que uno de sus principales operadores para extorsionar y amenazar a juzgadores era Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, quien según el anónimo actuaba bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, exconsejero de la Presidencia de la República.
También señala que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo, cuando su titular era Arely Gómez González, eran las más utilizadas para intimidar a impartidores de justicia y obligarlos a dictar sentencias a modo.
Otro investigado es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, porque supuestamente coaccionaba y sobornaba a contratistas de Pemex para declararse en quiebra.
El CJF también ordenó investigar a Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública y hoy secretario de Estudio y Cuenta de la Ministra Lenia Batres.
El pasado 21 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cuando el ministro Zaldívar encabezaba la Corte, el Gobierno intervenía en los casos que eran de su interés.
El ministro en retiro Arturo Zaldívar rechazó ayer haber presionado a jueces, como se advierte en una denuncia por corrupción que investigará el Poder Judicial, y acusó “intencionalidad política” y venganza para tratar de afectar al movimiento de la Cuarta Transformación, del que él es parte.
Zaldívar se desempeña actualmente en la campaña de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum, como coordinador de la reforma judicial que pretende cambios drásticos en el Poder Judicial mexicano.
A todo esto, Zaldivar consideró que todo se trata de una “maniobra política y mediática de la presidenta de la Corte”, la cual calificó como muy grave y que se debe a que “están muy enojados, están muy preocupados supongo por la elección de junio; me queda claro que es una revancha, que es una venganza, que están defendiendo sus privilegios”.
