- LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
- LA LEY UNISON
- LAS BECAS
Por Jesús Ruiz Gámez
LA DECISIÓN SOBRE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
El gobernador Alfonso Durazo ha tomado tres decisiones en materia educativa que seguramente se calificarán entre las mejores de su sexenio, si se consuman tal como han sido anunciadas.
La más reciente de esas decisiones fue el anuncio de que su gobierno hará lo posible porque en Sonora se preserve el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que a nivel federal fue eliminado de un plumazo por el gobierno de López Obrador en perjuicio de casi cuatro millones de alumnos y sus familias.
El Mandatario estatal aclaró que esta decisión está sujeta a un análisis presupuestal sobre el impacto de conservar el beneficio para 11 mil niños sonorenses que reciben alimentos durante el horario ampliado, así como clases complementarias mientras sus padres trabajadores los recogen de los planteles.
De hecho, el gobernador Durazo se dijo convencido de que este programa debería ser ampliado a toda la escuela primaria pública, incluso como un servicio de “guardería pública” de todo el día a fin de que ambos padres de familia puedan trabajar sin limitaciones.
Por supuesto, este programa está dirigido preferentemente a las familias de más escasos recursos y había tenido resultados notables a nivel nacional egresando de sus planteles a los niños con mejores niveles de aprovechamiento.
Así que esta decisión del gobernador Durazo debería ser socialmente bienvenida porque es una forma “tangible” de hacer realidad el discurso de que la educación es primordial para el Gobierno del Estado.
LA DECISIÓN SOBRE LA LEY UNISON
Debo aceptar que me contaba entre los preocupados por la posibilidad de que la Ley Orgánica 4 de la Universidad de Sonora fuera modificada acorde a los deseos de los más radicales grupos de la izquierda, que añoran aún los postulados de la anterior ley que prohijó tiempos de gran desestabilización política en nuestra Alma Máter.
El gobernador Durazo prometió en su campaña que promovería la reforma de la Ley 4, vigente desde hace 30 años, por lo cual diversos grupos internos y externos sentían que por fin podrían tomar “revancha” contra aquella legislación que a muchos desproveyó de privilegios y sobre todo del control político de la Universidad.
Varios de los más cercanos colaboradores del gobernador Durazo se contaron entre los alumnos y maestros que se manifestaron entonces en contra de la nueva Ley, pero seguramente al paso de los años muchos de ellos mismos aceptarán que la Universidad de Sonora ha crecido en su prestigio académico y su infraestructura, luego de ya casi tres décadas de estabilidad, solamente alterada por los conflictos sindicales.
Claro, también soy de los convencidos de que la Ley 4 debe reformarse para actualizarse y responder a nuevas necesidades, pero sin que los cambios signifiquen un salto al pasado.
Afortunadamente el gobernador ha dicho que sostiene su promesa y respeto a las decisiones que se tomen desde la autonomía universitaria, pero ya aclaró a los mismos radicales que la propuesta de transformación de la ley deberá pensarse no en razón puramente de los intereses internos de la Unison, sino de todos los sonorenses.
El Mandatario dejó muy clara su posición, que a los radicales obviamente no gustó:
“Lo que salga (…) tenemos que diseñarlo pensando que no es una ley para la Universidad, es una ley para las y los sonorenses, porque la incidencia que tiene la Universidad en el futuro del estado es definitiva”.
Durazo dejó claro que el cambio en la ley deberá respetar los principios de democracia y representar una ruptura con los grupos internos, a fin de elevar el nivel académico, así como transparentar el ejercicio presupuestal.
Es otra intención del Mandatario que debiera ser socialmente apoyada.
LA DECISIÓN SOBRE LAS BECAS
La promesa del gobernador Durazo de promover el recorte de 400 millones de pesos al Congreso del Estado y transformar los recursos en becas escolares, no se alcanzaba a dimensionar hasta que se conoció el número de apoyos escolares que eso significará.
El titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Froylán Gámez Gamboa, ha dicho públicamente que el fondo total de becas será en este año por más de 500 millones de pesos en beneficio de 73 mil 709 estudiantes de primaria, secundaria y universitarios.
Los 400 millones de pesos que les quitaron a los diputados y que en una gran parte se iban en gasto partidista y a financiar proyectos personales de los legisladores, con una gran opacidad, se transforman en 49 mil becas a estudiantes de primarias y secundarias públicas , además de 22 mil para estudiantes de educación superior.
A cada estudiante de primaria se le darán mil 500 pesos y a los de secundaria dos mil pesos por el ciclo escolar y, en el caso de las becas para estudiantes de universidades públicas, con un monto total de 313 millones 150 mil pesos, se entregarán mil pesos para estudiantes que vivan en la ciudad sede de la universidad; mil 500 pesos a los que vivan en la ciudad sede de la universidad pero en condición de vulnerabilidad; y dos mil pesos para los estudiantes foráneos.
El impacto de esta iniciativa se dimensiona con una simple comparación: de 2018 a 2021 solo se otorgaron 400 becas para universitarios y sólo en este año serán 22 mil 288 becas en total.
Las soterradas críticas de que las becas universitarias tendrán un impacto electoral a favor del partido del gobernador Durazo pueden tener asidero en la realidad, pero para efectos del interés de la gente “ni al caso”, como dicen los chavos, pues la alternativa era que ese dineral lo siguieran gastando los diputados o que se hubieran ido a la licuadora presupuestal del gobierno.
La decisión de que los 400 millones se fueran al fondo de becas, sin duda que tendrá un fuerte apoyo popular.
