Donald Trump sigue con sus planes de deportaciones masivas. Al menos así lo externó en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS.
Al preguntarle si mantenía su promesa de campaña, respondió: “Lo que vamos a hacer es que vamos a echar del país o vamos a encarcelar a todos los que tienen antecedentes criminales, traficantes de drogas, miembros de bandas, probablemente dos millones, podrían ser hasta tres millones. Los vamos a sacar del país. Están aquí ilegalmente”.
El presidente electo dice que cuando la frontera esté “segura”, decidirá el destino de los demás migrantes.
“Después de asegurar la frontera y cuando todo esté normalizado, tomaremos una decisión sobre la gente de la que hablan (no dice quién), que es gente estupenda, estupenda, pero vamos a tomar una decisión sobre eso. Pero antes de tomar esa decisión… es muy importante, vamos a hacer la frontera segura”.
Donald Trump comenzó su campaña electoral el 16 de junio de 2015 diciendo que los inmigrantes mexicanos eran narcotraficantes, criminales y violadores. Después, fue endureciendo su discurso hasta prometer la deportación masiva de todos los inmigrantes irregulares en el país, que él llama “extranjeros ilegales”. Llegó a detallar que crearía una “fuerza de deportación” específica. Más adelante en la campaña, pareció suavizar esa posición. Los líderes republicanos nunca respaldaron esta idea.
Esta es la primera vez que se pronuncia después de haber ganado las elecciones. Sobre el afamado muro, dice que en algunas partes podrá ser “una valla”.
El presidente Barack Obama ha deportado durante su mandato a 2,5 millones de personas con antecedentes criminales. Ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado en la historia. Se calcula que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de personas de manera irregular. En noviembre de 2014, Obama promulgó una orden ejecutiva que garantizaba protección contra la deportación a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses que cumplieran ciertas condiciones. Alrededor de cinco millones de personas iban a ser protegidas. El plan nunca llegó a entrar en funcionamiento porque fue denunciado judicialmente por 25 estados gobernados por los republicanos y bloqueado. El Tribunal Supremo renunció a pronunciarse sobre el mismo y lo dejó paralizado en manos de los tribunales inferiores.
