El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró necesario reforzar y creer en las instituciones, en lugar de denostarlas o lastimarlas.
En este marco indicó que en los últimos 50 años se han establecidos instituciones que son reconocidas por la sociedad, como el Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Otras más han servido para fortalecer la democracia mexicana, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados, afirmó que los mexicanos creen en la democracia de todos los que son representantes de los diferentes partidos políticos, los cuales con sus ideas y prácticamente a veces en la unanimidad han resuelto la creación de estos organismos.
“Nosotros creemos en esas instituciones y no pensamos que es a partir de cómo se dé un resultados, si nos gusta o no, como está actuando una organización”, añadió en el Salón Legisladores.
En materia de derechos humanos, el responsable de la política interior del país descartó que en México exista un problema generalizado de derechos humanos.
“Se reconocen las circunstancias y dificultades que enfrenta el país en este tema, pero ante expresiones que han venido a señalar en nuestro país que hay un problema generalizado de derechos humanos, por supuesto que no estamos de acuerdo”, enfatizó.
Osorio Chong mencionó que desde el inicio de la administración actual se hizo un diagnóstico que permitió definir una estrategia basada en el respeto a los derechos humanos, con el reforzamiento en los conocimientos a los integrantes de los cuerpos federales encargados de la seguridad.
Con todos los organismos internacionales hay relaciones, diálogo y se han logrado acuerdos fundamentales, además de que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, obliga a las autoridades a aceptar y someterse a las recomendaciones, “y lo hemos asumido”.
Añadió que las autoridades federales trabajan, igualmente, con diversos organismos para elaborar protocolos que permitan ayudar a resolver los problemas en esta materia.
También comentó que las autoridades han estado participando con los senadores en la elaboración de una ley sobre desapariciones forzadas, la cual está muy adelantada y “muy pronto” se podrá hablar de ella; “muchas de las fracciones en el Senado” la pusieron como prioritaria, recordó.
El funcionario aseveró que cuando inició esta administración encontró “un registro muy desordenado y no actualizado”, que mezclaba a personas no localizadas con desapariciones forzadas”, lo que generó una confusión; “ahora hay que poner orden”, manifestó.
Como ejemplo, mencionó que en Estados Unidos se reportan al año 86 mil personas no localizadas, pero tienen protocolos para su búsqueda y encontrarlas; “lo que tenemos que hacer en México es exactamente lo mismo y esta ley nos lo va a permitir”.
Asimismo reconoció que “hay quienes han abusado de su responsabilidad”, acciones que “no toleramos y castigamos”, pero “la gran mayoría de nuestras instituciones federales de seguridad están apegadas a derecho y son héroes que trabajan por la seguridad y la vida de todas y todos los mexicanos”.
Al responder a las preguntas de los diputados de las ocho fracciones parlamentarias, dio a conocer que desde 2008 se han ejercido 21 mil millones de pesos para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral.
De esos recursos, dijo el encargado de la política interior del país, 89 por ciento se han gastado en los cuatro años que lleva la actual administración federal.
Hizo notar que cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó posesión, había entidades federativas que no tenían recurso alguno para la implementación del nuevo sistema de justicia, “y esto por supuesto nos alarmó”.
Enfatizó que la dependencia a su cargo, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec), ha trabajado con los estados para capacitar a más de 400 mil operadores y 240 mil policías.
“¿Qué encontramos ya? De 185 días que duraba un proceso alternativo, en este nuevo modelo hoy dura 30 días; de 15 mil pesos que se gastaba o invertía una persona para hacer llegar la justicia, ahora solo son mil 500 pesos”, comentó.
Miguel Ángel Osorio admitió que aún hay retos muy importantes en los estados, entre ellos fortalecer las áreas de justicia alternativa y los mecanismos para atender a las víctimas, así como mejorar los servicios periciales y de investigación científica.
Sostuvo que se está trabajado con los gobiernos estatales y con Locatel para informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de justicia penal, en referencia a la plataforma “Justicia para ti”, cuya primer etapa incluye a la Ciudad de México y los estados de México, Coahuila y Tabasco; para 2017 se espera abarcar a las 32 entidades.
Durante esta comparecencia Osorio Chong se descartó, por el momento, para ser candidato a la Presidencia de la República.
Ante diputados y coordinadores legislativos fue directo y claro al señalar que no está en su agenda ser candidato, ni tampoco de otros servidores públicos, pues la instrucción del Ejecutivo federal es trabajar y atender la agenda del gobierno federal.
Aclaró además que los videos que subió en días pasados a redes sociales no son una postulación ni el arranque de su campaña electoral con miras a los comicios de 2018.
