La Fiscalía General de la República reabrió el caso por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, para lo cual el ministerio público formó un grupo con fiscales y agentes de la policía ministerial para enfocarse en la “investigación exhaustiva de los hechos” ocurridos en Tijuana, Baja California en 1994.
La Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz, asignó el caso al fiscal Abel Galván Gallardo, quien es el extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada.
El grupo de fiscales que encabeza ha encargado la localización de personas de interés para la investigación y ha pedido que se inscriba a las víctimas del caso en el Registro Nacional de Víctimas. También ha pedido copias de las constancias del expediente y ha solicitado a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, copias de las quejas o denuncias de tortura hechas por Mario Aburto.
En 2021, la CNDH pidió que se reabra el caso. La oficina del ombudsman señaló entonces que el presunto asesino fue víctima de torturas por parte de agentes de la propia Fiscalía y de funcionarios de prisiones, e insistió en que el proceso que concluyó en la sentencia de Aburto fue irregular. Antes de eso, una investigación de Mexicanos contra la corrupción había revelado contradicciones en el caso Colosio.
La investigación periodística exponía los testimonios inconsistentes que aparecían en el expediente, situaciones de tortura al supuesto autor material del homicidio, presiones por parte de las autoridades y documentos desconocidos que mostraban contradicciones entre algunos de los principales testigos.
