Las auditorías fueron solicitadas por la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Salud Enrique Claussen y la directora del DIF local
Sonora es el único Estado que, ante la situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, ha implementado mecanismos para evitar irregularidades a la hora de redistribuir presupuesto.
Las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil advirtieron que la administración que dirige Claudia Pavlovich inició cuatro auditorías “en tiempo real”, y fue a solicitud del propio Poder Ejecutivo.
A pesar de ser una de sus obligaciones, ningún Congreso estatal, ni la Cámara de Diputados federal han pedido auditorías que supervisen cómo se está gastando el dinero para hacer frente a la pandemia.
De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) brilla por su ausencia, a pesar de que a ese nivel de gobierno se ha anunciado el gasto de más de 622 mil millones de pesos, que es más de 20 veces lo que se invirtió para reconstrucción tras los terremotos de 2017.
Esta posibilidad de auditar en tiempo real existe legalmente apenas desde 2016, gracias a una reforma a la Ley de Fiscalización Superior. Antes, las auditorías al gasto público se hacían dos años después, pero ahora se pueden solicitar en situaciones extraordinarias, como la actual.
Sonora, la única con fiscalización
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora ha sido el único que emprendió cuatro auditorías en tiempo real.
La primera, a los Servicios de Salud.
Propósito: Llevar a cabo la revisión por la adquisición de bienes, insumos y equipamiento destinado para garantizar la capacidad de atención médica a la población del estado, con motivo de contingencia sanitaria-epidemiológica por el Covid-19, para que se lleve a cabo de manera transparente y apegado a la normatividad aplicable”, señala la auditoría, iniciada el 26 de marzo de 2020, menos de un mes después de que se registrara el primer caso de enfermedad por el virus de SARS-CoV-2.
La segunda fue echada a andar el 2 de abril y es a la Secretaría de Desarrollo Social, para revisar los Programas de Apoyo Alimentario que se van a entregar por la contingencia. La tercera es a la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) para evaluar el programa de apoyo emergente a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Y por último, al DIF de Hermosillo por el proceso de compra y entrega de despensas a población vulnerable en la capital del estado.
Estas auditorías fueron solicitadas por la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Salud Enrique Claussen y la directora del DIF local. Es decir, que el propio poder Ejecutivo pidió ser auditado, en lugar de que el Legislativo activara el mecanismo de supervisión del gasto.
Sonora es también una de las ahora seis entidades (la semana pasada eran solo cinco) que sí están haciendo públicas sus contrataciones, en su caso por casi 230 millones de pesos. Mientras que 26 estados y el gobierno federal no están transparentando los contratos que están otorgando para atender la pandemia de COVID-19, según lo detectado por Transparencia Mexicana y Tojil.
Aquí el documento de Transparencia Mexicana
