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AGITACIÓN DESDE EL GOBIERNO

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*Radicalización del país, en marcha
*Autoridad policial de Cajeme acepta que “no pueden”
*¿Arturo Bours tendrá el valor, o le vale?

Por Jesús Ruiz Gámez

Estamos viviendo los mexicanos una circunstancia quizás inédita en el país: la agitación social y política es promovida desde el gobierno, cuando históricamente los intentos de desestabilización han tenido origen en movimientos que pretenden derrocar a los gobiernos constituidos.

Nótese que escribí que la agitación es promovida DESDE EL GOBIERNO y no por el gobierno, porque una y otra cosa son totalmente distintas.

Las acciones de violencia que se observan en la Ciudad de México y en Guadalajara, como las que se han vivido también en Hermosillo, son encabezadas por personas instruidas y adiestradas para colgarse de movimientos de protesta legítimos y son patrocinadas y alentadas desde los grupos de la izquierda radical que tienen acogida en el gobierno del presidente López Obrador.

Seguramente, de manera muy válida el lector se preguntará cuál es la lógica de que sea un gobierno y su partido el que patrocine la agitación social y política.

Una razón puede ser que la izquierda radical haya cobrado tanta fuerza en el nuevo régimen, como lo denunció recientemente la senadora sonorense Lilly Téllez, que ya consideran que éste es el momento adecuado para profundizar las contradicciones sociales y fracturar la unidad entre los mexicanos.

Otra razón puede ser que, como sucedió en los antiguos gobiernos priistas, desde el poder presidencial se aproveche la capacidad de violencia de estos grupos radicales para destruir los contrapesos no institucionales e infundir tal miedo en la sociedad que sólo vea su posible salvación en el propio gobierno.

No sería la primera vez -porque sucedió durante el gobierno de Luis Echeverría- que los grupos extremistas de izquierda son aprovechados por el propio gobierno y ya que dejan de serle útiles son arrasados con la fuerza de las armas y con el aplauso de una sociedad ya muy lastimada y atemorizada por la violencia.

En Jalisco se trata de desestabilizar al gobierno de Enrique Alfaro, porque es el opositor más activista en contra del gobierno de López Obrador, se trata de ablandarlo y si es derrocado mejor, pero además porque es un claro mensaje al resto de los gobernadores de que si presentan oposición les pueden incendiar sus respectivos estados.

¿No les parece extraño que en Guadalajara los violentos infiltrados atacaron el Palacio de Gobierno y dañaron otros bienes públicos, mientras que en la Ciudad de México las recientes protestas han dañado casi exclusivamente propiedades privadas y no han tocado ni el Palacio nacional ni la sede del gobierno capitalino?

Al gobierno de Alfaro se le han ido encima acusándolo de supuesta represión, cuando en realidad ni siquiera respondió a las agresiones y daños a los edificios públicos, en tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha dicho que procederá judicialmente, pero no contra quienes causaron la violencia ¡sino contra sus propios policías!, a quienes pusieron desarmados a merced de la turba y con orden expresa de no actuar.

¡Nomás falta que Claudia Sheinbaum haga un evento para condecorar a los llamados “anarcos”!

Las señales son claras: la radicalización está en marcha, siguiendo el paso a la proclama del presidente López Obrador de que quienes no están con su proyecto están contra él.

AUTORIDAD REBASADA… ¡DICE LA AUTORIDAD!

Que la autoridad de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, está rebasada frente a la violencia que ha hecho de Ciudad Obregón uno de los lugares más peligrosos del mundo, dijo desde su ronco pecho la máxima autoridad de seguridad del municipio de Cajeme.

Resulta que el comandante Francisco Cano sostuvo una reunión con regidores de la Comisión de Seguridad de ese municipio, ante quienes reconoció que no hay poder de gobierno que en estos momentos pueda en contra de los criminales en esa localidad.

Me imagino que los regidores y los ciudadanos que se enteraron, han de haber tenido el impulso primario de salir corriendo ante tal confesión, que no deja de ser un asomo de sinceridad del señor Comandante y que explica por sí solo por qué Ciudad Obregón figura en los primeros planos de la inseguridad nacional.

El comandante Cano dijo una gran realidad: que no tiene el número suficiente de elementos y los que tiene no están bien equipados ni bien pagados, por lo que no tiene la capacidad de fuerza para enfrentarse a las fuerzas del crimen organizado que tienen asolado a ese municipio.

Claro, el Comandante no mencionó la corrupción y complicidades en la propia policía que desde hace muchos años es también causa de la impunidad con que los criminales hacen de las suyas prácticamente en todo el Valle del Yaqui.

Cuando los regidores le preguntaron al Comandante por qué tanta impunidad ante los incontables asesinatos en su municipio, solamente atinó a responder con parte de la verdad: que eso le corresponde a la Fiscalía estatal, pero omitiendo que una gran parte de los asesinatos tienen origen en delitos federales asociados al narcotráfico.

Lo cierto es que el comandante Cano y los demás jefes policiacos “hacen gracia” con apenas contener los delitos del fuero común, entre ellos los asaltos a las personas y el robo en las propiedades.

Pero Cano no puede decir que al más acabado intento de contener la violencia en Sonora, que fue la idea de poner militares al frente de las corporaciones municipales, es y fue en lo general un sonado fracaso.

Que la pedrada del comandante Cano les pega directo al secretario de Seguridad pública Estatal David Anaya y al secretario nacional de lo mismo, el también sonorense Alfonso Durazo, eso queda claro, pero no que eso vaya a servir de algo.

Total, pobres cajemenses, cuya autoridad confiesa que no pueden, pero no nomás él sino quienes supuestamente lo deben apoyar desde las instancias superiores.

Así que para los cajemenses lo mejor es quedarse en casa, no sólo por el coronavirus, sino por su propia vida ante tanta inseguridad y autoridad rebasada.

LA DEFINICIÓN DE ARTURO BOURS

Mencionamos arriba a Lilly Téllez, quien se convirtió en el personaje nacional de la semana pasada por su adhesión a la bancada del PAN en el Senado de la República, luego de su renuncia a la fracción de Morena hace algunas semanas.

La sola mención de la senadora nos trae a recuerdo la inquietud sobre qué pensará el también senador sonorense Arturo Bours Griffith, quien hasta el momento no ha expresado una sola palabra (yo no las he visto) sobre la decisión de su ex compañera en la bancada morenista.

Yo la verdad creo que el senador Bours ha de coincidir plenamente con varias de las razones que esgrimió su ex compañera, pero quizás jamás lo vaya a conceder por una simple razón: él sí tiene la ilusión de ser candidato a la gubernatura y, si los astros se alinean, ser el segundo de su clan familiar que ocupa el Palacio de Gobierno en Hermosillo.

Resulta impensable que Arturo Bours no coincida con que la izquierda radical se ha posicionado como la mayor fuerza en el gobierno del presidente López Obrador y que las decisiones que impulsa atentan claramente contra la clase empresarial, de la que el senador sonorense es miembro prominente en Sonora.

¿Oiremos o leeremos alguna vez que, en un acto de congruencia, el senador Bours también denuncie los planes estatizantes del actual gobierno y del funesto destino que le espera a los empresarios y a los productores de todo el país?

La verdad no lo sé, aunque por su sangre corre la misma de otros miembros de su familia extendida que sí han tenido el valor de llamar las cosas por su nombre en diversas circunstancias.

¿Arturo Bours tendrá el valor o le vale?

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