Se les acusa de la comisión del delito contra la administración de justicia
En un hecho insólito, tres magistrados de la Sala Regional del Noroeste podrían ir a la cárcel por admitir diversas demandas de nulidad de particulares en contra de la CFE.
El Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sonora dictó auto de formal prisión en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia.
Los magistrados instructores son Carlos Miguel Moreno Encinas, Lázaro Figueroa Ruiz y Juan Carlos Encinas Valdez, y están adscritos a la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa), con sede en Ciudad Obregón.
La denuncia inicial contra los acusados fue interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que se sumó el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que de acuerdo con la indagatoria, personal de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) inició una averiguación previa contra los indiciados debido a que, contrario a derecho, llevaron a cabo un procedimiento para admitir diversas demandas de nulidad de particulares en contra de la CFE.
La medida tenía como objetivo que se les devolvieran pagos efectuados por consumo de energía eléctrica que concluyeron en sentencias contrarias a la empresa productiva del Estado, condenándola a la devolución de los pagos.
Según la PGR, las condenas en contra de la CFE se dieron de manera sumaria, es decir, las diversas resoluciones condenatorias se llevaron a cabo con la participación de uno solo de los magistrados, quien admitió, substanció y determinó sin la posibilidad de interponer ningún recurso por parte de la paraestatal.
Con esta acción de los magistrados se violaron diversos ordenamientos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que los montos impugnados rebasaban por mucho la norma para la aplicación de este tipo de procedimientos.
Los pagos reclamados ilegalmente pudieron causar un daño patrimonial al Estado mexicano por aproximadamente dos mil 200 millones de pesos.
