Por Jesús Ruiz Gámez
Si el diablo no mete la cola, hoy se podrían aprobar en el pleno del Congreso del Estado las reformas a la ley electoral del Estado, mismas que ya fueron técnicamente dictaminadas en la Comisión de Gobernación y políticamente consensuadas en las bancadas del PRI, PAN, PES y PT, frente al rechazo de los diputados de Morena.
De los elementos positivos que vienen con la reforma están los que buscan bajar el costo de las precampañas y campañas a la gubernatura, al acortar esos tiempos para el proselitismo, además de la inclusión de las fotografías de los candidatos en las boletas electorales.
Igualmente los cambios respecto a las candidaturas independientes y a la estructura del Instituto Estatal Electoral, son aspectos que sin duda impactarán en el desarrollo y conclusión del proceso electoral que iniciará en Sonora a partir del próximo mes de septiembre y concluirá en el mismo mes del año próximo, pasando por la votación general de junio del 2021.
No fue sorpresa que la fracción de Morena se haya opuesto a esta reforma y haya criticado fuertemente algunas de las modificaciones, pues desde que se conocieron las primeras iniciativas habían anticipado su rechazo.
Pero sí es de extrañar que luego de más de año y medio de ejercicio legislativo, los mandamases de Morena no hayan aprendido que la oposición en el Congreso no se trata de puro grito y sombrerazo, sino de pelear con garra en el debate y saber insertarse en la negociación.
En el marco de esta reforma, los morenistas se auto aislaron desde un inicio y así dejaron solos a sus contrarios para que negociaran los cambios que a ellos les convienen, por lo que no se pueden decir víctimas sino en todo caso reconocer que su estrategia solamente les deja pérdidas.
En su posicionamiento después de aprobado el dictamen que será puesto a consideración del Pleno, los de Morena denunciaron que la “mafia legislativa” sacaba adelante un proyecto de reforma sin consultar a los ciudadanos y dejaron en claro que lo que más les duele son los eventuales cambios a la estructura legal y orgánica del Instituto Electoral.
Evidencian así los de Morena que la nueva ley les afectará condiciones y posiciones en el órgano electoral, pero lo cierto es que hicieron poco por defenderlas.
Así que, si hoy se consuma la reforma electoral en el Congreso del Estado, los de Morena deben reconocer que no han aprendido a jugar con las reglas establecidas para la política legislativa, reglas que no cambiarán nomás porque ellos quieran.
JUICIO POLÍTICO A ALCALDES
Otro efecto de la ausencia o incapacidad de los diputados de Morena para llegar a negociaciones con el resto de las bancadas en el Congreso del Estado, pudiera ser la procedencia de las peticiones de juicios políticos contra alcaldes emanados de su partido.
Ayer se sumó la petición de juicio político contra el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, por presuntos actos de ingobernabilidad que le imputan el regidor del PAN Rafael Delgadillo y el presidente del mismo partido en ese municipio, Carlos Castro Franco.
Fuera de tecnicismos, lo que señalan los acusadores es que Mariscal ha obstruido la realización de sesiones del Cabildo, lo que a su vez ha impedido operar recursos para programas sociales que deberían atender a los sectores sociales más afectados por la pandemia del Covid-19.
El diputado y coordinador del PAN en el Congreso, Gildardo Real Ramírez, dijo que harán suyo el reclamo por las irregularidades y falta de transparencia en el gobierno del alcalde Sergio Pablo Mariscal, por lo que esta solicitud de juicio político debe atenderse de manera urgente.
Como ya se sabe, el diputado Real Ramírez es quien también da seguimiento a la petición de juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, sobre quien pesan múltiples señalamientos y denuncias por presuntos actos de corrupción y violación al marco legal que debe regir ese municipio.
Por cierto, ayer mismo se recibió en la Oficialía de Partes de la Legislatura un escrito firmado por los representantes en Navojoa de la Coparmex, Canacintra, Barra Sonorense de Abogados, y del Consejo Económico y Social de Navojoa, en el cual demandan a los diputados atender las múltiples denuncias contra el gobierno de Rosario Quintero, que sirven de soporte a la petición de juicio político.
Los representantes de las organizaciones empresariales y de profesionistas recuerdan a los diputados que sobre el gobierno de Quintero pensan muchos y graves señalamientos públicos, pero además denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el ISAF, la Contraloría y otros organismos fiscalizadores.
Repito que lo más grave para los alcaldes Quintero y Mariscal, aparte de las múltiples pruebas que se han ventilado sobre presuntas corruptelas en sus gobiernos, es que en el Congreso se han quedado sin posibles defensores, dado el aislamiento en que han caído los legisladores de Morena.
Y si estos alcaldes no tienen quién los defienda, peor les irá si los dejan solos ante la operación política del habilidoso coordinador de los panistas.
LAS CASETAS, UN NEGOCIAZO
Hace unos días escuchaba que la toma de casetas de cobro en varios estados del país no sólo no se ha combatido en lo que va del gobierno de López Obrador, sino que crece como negocio de diversos grupos organizados.
Escuché que el año pasado, el costo de las ilegales tomas y los “boteos” que realizan estos grupos al liberar el paso a todo tipo de vehículos, ascendió el año pasado a más de dos mil millones de pesos, pero en este año las pérdidas serán mucho más grandes.
Aquí en Sonora, al menos dos o tres grupos que dicen luchar “por el libre tránsito”, desde hace el menos cuatro años han realizado ese tipo de tomas a pesar de la ocasional intervención de las autoridades y una que otra causa penal abierta en contra de algunos de los líderes.
De hecho, para hoy se ha convocado a una manifestación frente a la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, pues al parecer se realizaron detenciones de algunos de los que han tomado la caseta de cobro de Hermosillo.
La manifestación es porque las autoridades estatales han actuado sobre denuncias por despojos y daños, entre otros presuntos delitos, pero líderes de estos grupos, como Alfonso Canaán Castaños, se quejan por estas actuaciones ya que, según ellos, se trataría de delitos que solamente deben seguirse en el fuero federal.
Hay que recordar que hace uno o dos años, este señor Castaños estuvo procesado y preso varios meses por supuestos delitos cometidos durante ese tipo de toma de casetas, acusado entonces ciertamente por autoridades federales.
En verdad no recordamos que las autoridades judiciales del estado hayan actuado contra líderes y miembros de estos grupos, pero sin duda debe ser un mensaje para quienes han instigado y manejado las tomas de casetas y los “boteos” que, en Sonora, han significado el cobro ilegal de decenas de millones de pesos.
Es cierto que, al menos en el caso local, es muy injusto que se siga cobrando a los sonorenses por una carretera construida totalmente con recursos públicos, pero igualmente es incuestionable que las tomas de las casetas han desviado millonarias cantidades a los bolsillos de particulares.
RESPONSABILIDAD EN EL STJ
Muy responsable la manera en que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia han resistido las presiones para que se se reinicien labores normales en los juzgados locales de todo el estado, cuando los contagios del coronavirus están en curva ascendente y resultaría criminal concitar a una mayor movilidad en los espacios públicos.
Ya se ha comentado el temor que cundió en juzgados y otras oficinas del Poder Judicial, luego de que en días anteriores se conoció la muerte por Covid-19 de un conocido abogado que, como parte del seguimiento de sus casos, solía visitar varios de esos lugares.
Ante la situación, el magistrado presidente del Supremo Tribunal, Francisco Gutiérrez, anunció varias acciones para prevenir contagios en el personal, pero a la vez dejó bien claro que no cederán a ninguna presión para que reabran las actividades normales, con todo y que están conscientes de lo desesperante que resulta esta situación para todos los litigantes.
Gutiérrez dijo que la decisión de los magistrados es que se reanuden labores hasta que haya “luz verde” por parte del Consejo Estatal de Salud, pues primero está la salud de las dos mil personas que laboran para el Poder Judicial y de los miles de sonorenses que, en situación de normalidad, hacen uso de sus instalaciones día a día.
