El mismo despacho jurídico de Antonio Lozano Gracia defenderá también a las agentes acusadas de torturar a Gisela Peraza Villa, la ex empleada doméstica acusada injustamente de un robo millonario ocurrido en la Casa de Gobierno en Sonora durante el pasado sexenio.
Jesús Antonio Ortega, abogado de Peraza, recalcó que es imposible que un ellas puedan pagar, sólo con su salario como agentes de la PEI, los honorarios del bufete jurídico Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C.
Al mediodía de este jueves estaba programada una audiencia incidental como parte del proceso judicial en contra de dos ex agentes de la Policía Estatal Investigadora identificadas como Alma Rosa Molina Barrón y María Teresa Linsón Salas, quienes están recluidas en el Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno, donde son procesadas porque supuestamente torturaron a Gisela Peraza para hacerla confesar un crimen que nunca reconoció y del cual fue exonerada por un Juez; ambas mujeres nombraron como sus defensores a 12 abogados y cuatro asesores que pertenecen al despacho de Antonio Lozano.
“Los delincuentes (refiriéndose a Guillermo Padrés y sus cómplices) se apoyan y es evidente que los mismos abogados que defienden al ex mandatario panista de las acusaciones por corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal, ahora están defendiendo a todos los ex funcionarios de su sexenio implicados en la tortura y privación ilegal de la libertad en contra de Gisela Peraza, ahora Guillermo Padrés los está protegiendo para que no declaren en su contra, un agente de la policía no puede pagar con un salario de 15 mil pesos mensuales los honorarios de Lozano Gracia, incluyendo los viáticos para que viajen a Sonora a defenderlos”, declaró Antonio Ortega.
El pasado 14 de febrero, fueron arrestadas las dos ex agentes de la Policía Estatal acusadas de torturar a Gisela Peraza por órdenes de Guillermo Padrés; como parte de los avances en el proceso penal que involucra a más de 20 ex funcionarios del Gobierno de Sonora en los delitos de abuso de autoridad, delincuencia organizada, tráfico de influencias, privación ilegal de la libertad y torturas.
Antonio Ortega, representante legal de Gisela Peraza, quien fue declarada inocente del robo por un Juez, recordó que entre los ex funcionarios implicados en este caso destacan el Diputado Federal panista Agustín Rodríguez Torres, quien ya fue consignado y enfrenta un juicio para su desafuero; al ex director de Ceresos en Sonora, Ricardo Órnelas Saavedra; Ernesto Fernández Portillo, ex jefe de seguridad de la Casa de Gobierno y ex Director de Seguridad Pública Municipal en Nogales; y Víctor Bonilla Murrieta, ex subsecretario de Seguridad Pública en Sonora.
Fue el 13 de marzo del 2011, cuando la ex empleada doméstica Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas preciosas que el ex mandatario guardaba en su alcoba.
Según estableció la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.
En caso de ser encontrados culpables, el ex mandatario panista y sus cómplices podrían pasar más de 20 años en prisión debido a que los delitos por los que son acusados se consideran graves y no alcanzarían fianza, además que fueron cometidos cuando ostentaban un cargo público, lo que se considera un agravante.