En sesión extraordinaria y con 27 votos de 30 diputados presentes, se aprobaron las reformas constitucionales que eliminan privilegios de funcionarios y la clase política al desaparecer el fuero y los fondos legislativos discrecionales.
Diputados del PAN, PRI, Partido Nueva Alianza y la representación parlamentaria de Morena aprobaron las reformas que establecen la corresponsabilidad entre los tres Poderes del Estado; fortalecen la transparencia y autonomía del Poder Judicial y homologan facultades al Ejecutivo que ya se tienen a nivel federal, para poder hacer observaciones al presupuesto aprobado por Congreso del Estado.
El Presidente del Poder Legislativo, Rafael Buelna Clark, cedió la dirección de los trabajos de la sesión extraordinaria a la mesa electa para tal efecto:diputados Brenda Elizabeth Jaime Montoya, presidenta; José Ramón Ruiz Torres, vicepresidente; Enrique Evangelista Velázquez, primer secretario; Rosario Carolina Lara Moreno, segunda secretaria; y Jaime Valenzuela Hernández, suplente.
En contra de las reformas votaron los diputados Lina Acosta Cid, Carlos Alberto León García y Martha Cecilia Camacho Camacho; no asistieron Juan José Lam Angulo, Sandra Mercedes Hernández Barajas y Ramón Antonio Díaz Nieblas.
La diputada Flor Ayala Robles Linares, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, leyó el proyecto de Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Observaciones
Al respecto los diputados Moisés Gómez Reyna y Omar Alberto Guillén Partida solicitaron, en lo particular, la modificación del dictamen “en la búsqueda de un escenario de gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora regulatoria”, según expresó Gómez Reyna.
Los diputados Carlos Alberto León García y Lina Acosta Cid dieron a conocer los motivos por los cuales el sentido de su voto fue manifiesto en contra de las reformas, aunque, dijo León García, “celebro que la eliminación del fuero pueda ser una realidad para Sonora”.
La diputada Acosta Cid señaló que dichas reformas atentan contra los intereses de sus representadosy carecen de justificación; mientras que Luis Gerardo Serrato Castell indicó que “a las citas con la historia se acude de frente, dando la cara, con tranquilidad y la razón de hacer lo correcto”.
Indicó que conocieron las iniciativas y se opusieron al concepto del “veto” y consideran que tal como se presentó, quedó fuera del dictamen, pero que creen en los equilibrios y en darle más poder a los ayuntamientos.
El diputado Carlos Manuel Fu Salcido, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, afirmó que “es la normalidad en las entidades de este país que se tengan herramientas para garantizar el equilibrio de poderes, en este caso, promovemos un mayor respeto para las minorías y fortalecer los tres Poderes, específicamente a los gobiernos municipales”.
Aclaró, sin embargo, que no están a favor de votaciones unánimes para la revocación de observaciones emitidas por el Ejecutivo, pero reconocen que esa herramienta constitucional está vigente desde las primeras constituciones del mundo, como un elemento de balance entre poderes.
El diputado Rafael Buelna Clark indicó que “no se trata de un Poder por encima del otro, no nos debe espantar la actualización de la Constitución”, destacando que la Constitución debe estar en constante evolución para atender las necesidades de cada época.
Tras destacar que los actuales legisladores lo serán hasta el último día de su período, agregó que “asumimos el costo de aprobar estas reformas, sentimos que es nuestra responsabilidad, pues con ello vamos a evitar que ante una posible falta de acuerdos, por ejemplo para la aprobación de presupuestos, se ponga en riesgo o se afecte el gasto social en materia de educación, salud, transporte, o protección a la niñez” ya que, dijo, necesariamente las reformas promueven que se llegue a acuerdos y no exista una parálisis como las que ya ha habido en el pasado.
En la sesión, también se aprobó la nueva Ley de Planeación para el Estado de Sonora, abrogando la anterior de 1984, y que establece los principios generales en la materia. Dispone la creación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y los municipales; da prioridad a la consulta ciudadana; establece plazos concretos para la expedición de planes de desarrollo estatal y municipal; y ordena llevar a cabo acciones de control y seguimiento, ejecución y evaluación y sanción en caso de incumplimiento.
De igual forma, se aprobaron dos decretos, el primero que modifica uno previo que autoriza al Ayuntamiento de Puerto Peñasco la contratación de un crédito por 15 millones de Pesos para obras de agua, drenaje y saneamiento.
El otro decreto reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, para tipificar como delito el denominado “sexting”, consistente en el uso de imágenes, voces o textos que involucren a menores de edad en situaciones de tipo sexual, a través de dispositivos electrónicos ocasionando con ello un daño moral. Las penalidades irán de uno a cinco años de prisión y de 150 a 300 unidades de medida de actualización como multas.
