En el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue entrampado el debate para la aprobación del uso de la mariguana con fines medicinales. Los magistrados dividieron posturas e incluso se enfrentaron, no sólo sobre este tema, sino otros que se originaron a partir de este amparo, como es la intervención del Poder Judicial en los llamados “litigios estratégicos” y los alcances de los juicios de amparo.
La división comenzó a partir de la identidad de la Comercializadora Rubicón, cuyos socios habrían tramitado el amparo para que se les permita la venta de productos con mariguana con fines medicinales.
Cinco ministros argumentan que el amparo se debe desechar. La razón, afirman, es que Rubicón carece de permisos de las autoridades, no sólo para fabricar medicamentos, sino para venderlos. El segundo aspecto es que la empresa ni siquiera es una compañía como tal, no sólo carece de laboratorio y distribuidora, sino que fue una empresa diseñada estratégicamente para obtener un pronunciamiento de la Corte sobre el uso de la mariguana con fines medicinales.
Cuatro ministros afirmaron que es preocupante el actuar de sus homólogos, señalando que el máximo tribunal de justicia del país tendría un retroceso al desechar el amparo si antes de emitir un juicio se califica al solicitante y se generan “catálogos” para declarar improcedentes sus argumentos. Pidieron que se analice el fondo el tema ya que la prohibición de productos médicos desarrollados a partir de la mariguana violaría el derecho humano a la salud.
La ministra Norma Piña pidió tiempo para estudiar el fondo del tema y analizar la postura de la ministra Margarita Luna Ramos, quien acusó que la empresa Rubicón no tiene facultades para promover el amparo señalando que carece de permisos de la autoridad para la venta de medicamentos. Eduardo Medina Mora, un día antes, había expresado el mismo argumento: la empresa Rubicón busca un “litigio estratégico” solamente para que la SCJN intervenga en el tema del uso del enervante con fines terapéuticos.
Los ministros José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar reaccionaron, diciendo que la Suprema Corte no tiene facultades para determinar si un promoviente tiene derecho o no de tramitar un amparo: “Es muy peligroso empezar a calificar las condiciones de los promoventes, no hay ninguna razón para calificar si los promoventes vienen en litigio estratégico o no estratégico” señaló Cossio.
Zaldivar incluso defendió los “litigios estratégicos” afirmando que gracias a ellos se han discutido grandes temas que afectan a sociedades completas, como los derechos civiles.
