Finalmente se decidieron: los priístas decidieron suspender de manera temporal los derechos como militante al gobernador Javier Duarte y a seis priístas veracruzanos, investigados por peculado y enriquecimiento ilícito.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tomo esta medida cautelar por tiempo indefinido, por lo que ninguno de ellos podrán postularse a cargos de elección popular ni participar en procesos electorales internos de ese partido.
Una investigación periodística reveló que el gobierno de Veracruz entregó 645 millones de pesos a través de adjudicaciones directas y licitaciones cerradas a empresas cuyo domicilio fiscal es falso y los “dueños” son promotores del PRI que habían proporcionado sus datos y firmas sin ser notificados de las operaciones; por lo cual se presumía la malversación de 645 millones de pesos.
Decidirse le costó al PRI años años de acusaciones y escándalos pero no lo han podido sostener más. El siguiente paso, si se confirman las sospechas, será la expulsión del partido.
Falta ver si en el caso del Partido Acción Nacional también se deciden a desmarcarse de sus propios políticos sobre lo que pesan acusaciones muy serias de corrupción.
Se veía venir
Javier Duarte es hijo político del anterior gobernador de Veracruz, el polémico Fidel Herrera, su mandato se ha caracterizado por un fuerte debilitamiento de las estructuras estatales. La penetración del narco y el asesinato de periodistas se han disparado, y en un territorio poblado de fosas, el gobernador ha llegado a afirmar que no había más delitos que el robo de “frutsis y pingüinos”.
Incapaz de revertir la mala imagen de Gobierno, su popularidad ha ido descendiendo al tiempo que crecían las sombras en torno su gestión. La Auditoría Superior de la Federación informó en febrero de que Veracruz había desviado 2.000 millones de dólares de sus cuentas entre 2011 y 2014. Luego se supo que el citado organismo acumulaba 14 denuncias penales contra funcionarios veracruzanos, y que un entramado oficial había amañado supuestamente decenas de licitaciones a favor de empresas fantasma. El último golpe llegó este septiembre, cuando la Procuraduría General de la República, bajo control gubernamental, decidió abrirle investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
A esta degradación penal, se suma la política. No hay partido de la oposición que no haya pedido formalmente su comparecencia en las cámaras legislativas. Su nombre, a fuerza de escándalos, concita el desprecio de muchos. En la misma capital, algunos ministros de su partido apartan la cara cuando hablan de él. Una animadversión que, en algunos casos, supera los márgenes de la política. Quizá su más destacado enemigo sea el vencedor de las elecciones de junio en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, del derechista PAN. Durante la campaña, el entorno de Duarte, en uno de los capítulos más sucios de los comicios, le acusó de pederasta y pervertido. La misma noche en que venció, Yunes prometió encarcelar a su antecesor.
Duarte, ahora, está más solo que nunca. Aunque siempre se ha mostrado firme, incluso risueño, ante los ataques, la evolución de su caso hace presagiar un juicio penal e incluso la cárcel. Y levadas las anclas, es muy difícil que el PRI esté dispuesto a darle la mano de nuevo. La formación que le ha suspendido tiene la vista puesta en recuperar la confianza ciudadana para ganar la batalla de las presidenciales de 2018. Y en esos planes, Duarte no entra.
