Hermosillo, Son., noviembre 7 de 2017.- En el marco del mes de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, el Pleno del Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto al Instituto Sonorense de las Mujeres, para que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, capacite al personal de empresas con giros que incluyen la venta de alcohol, en materia de prevención de todo tipo de violencia, incluido el acoso.
La diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda expuso, a nombre del grupo parlamentario del PRI, que consideran de primera necesidad el hecho de que se capacite y adiestre de forma constante a las empresas con giros que incluyen la venta de alcohol, ya sea a través de transmisión de información, desarrollo y manejo de habilidades; desarrollo o modificación de actitudes, así como a nivel conceptual.
Lo que se busca es que, en caso de que se presente una situación en la que se agreda, en cualquiera de sus expresiones a una mujer, incluido el hostigamiento y el acoso, se logre un manejo del mismo con la mayor naturalidad posible, actuando de forma certera y eficiente hasta lograr neutralizar dicha agresión, indicó.
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó otro Acuerdo, éste que resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al Secretario de Seguridad Pública, a efecto de que se otorguen recursos económicos a los municipios para la aplicación del Programa de Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas y la Violencia (DARE por sus siglas en inglés).
El diputado Luis Gerardo Serrato Castell sostuvo que la idea es que los ayuntamientos que ya cuenten con dicho programa en funcionamiento, lleguen a más cantidad de escuelas y estudiantes, y que los municipios que no cuentan con DARE comiencen su implementación, de manera que un mayor número de niños y jóvenes en Sonora se puedan beneficiar de este programa contra las adicciones.
Agregó que las autoridades necesitan dar facilidades para que más programas preventivos operen en protección de niños y jóvenes, ya que está comprobado que el DARE es una de las medidas más efectivas, además de que es necesario que más policías soliciten y acudan a recibir capacitación como instructores del mismo, incluido el material para que impartan en el mayor número de escuelas en
la entidad.
También fue aprobada una reconsideración de los términos del Decreto número 177, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, de conformidad con lo que establece el Artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
El diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich informó a la asamblea que tuvieron comunicación con diversos especialistas de la materia de Derecho Penal, principalmente del área de posgrado de la Universidad de Sonora, quienes plantearon la necesidad de modificar los términos del referido Decreto, aprobado el pasado 31 de octubre, con el fin de restaurar el delito de portación de armas prohibidas, además de incluir la fabricación de acopio y comercialización de las mismas.
Se traslada el contenido del Artículo 141 Bis al 144, ubicado en el capítulo de delitos contra la salud pública pero bajo el capítulo noveno del título segundo, con la denominación de portación y uso indebido de dispositivos de comunicación electrónica.
En lugar de un mes a un año de prisión y multa de 40 a 250 unidades de medida y actualización por la portación de un arma prohibida, prevista en el Artículo 141, se aplicará prisión de seis meses a cuatro años, multa de 20 a 200 unidades de medida y actualización y decomiso, cuando se trate de portación de armas impropias que no sean instrumentos de la profesión, actividad u oficio del portador, o éste no pruebe que los transporta para un aprovechamiento lícito.
En el caso de que la portación sea en lugares donde se consuman bebidas embriagantes, en centros de diversión o al interior de instituciones de educación o sus inmediaciones, la sanción va de uno a cinco años de prisión, multa de 50 a 300 unidades de medida y actualización y decomiso del arma.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a las comisiones Anticorrupción y de Fiscalización la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 11 de la Ley Estatal de Responsabilidades, con el objeto de que los municipios que no cuentan con infraestructura indispensable para llevar a cabo las investigaciones y la substanciación de las faltas administrativas no graves, celebren convenios con el ISAF.