Hasta el día de hoy, casi tres mil personas han buscado ampararse contra el gasolinazo.
Hay dos juzgados federales en la Ciudad de México que iniciaron con la admisión a trámite de dichos amparos, pero los jueces se han negado a suspender el acto reclamado… o sea que todo sigue igual.
Se han contabilidazo alrededor de 2 mil 800 demandas impulsadas ante el Poder Judicial de la Federación, en donde los quejosos solicitan que se les aplique el precio de las gasolinas que estaba vigente en diciembre de 2016.
Los jueces se negaron al o anterior, bajo el argumento de que, de conceder la medida solicitada, se afectaría el interés social y el orden público, porque podrían generarse distorsiones en los precios de los hidrocarburos que afectarían al público consumidor de manera generalizada.
En qué consiste el amparo
Los inconformes se amparan en el artículo 28 de la Constitución, el cual permite al ejecutivo federal controlar el precio de los productos básicos.
También impugnaron la Ley de Ingresos de 2017, el acuerdo de la Secretaría de Hacienda para los precios máximos este año y el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía para aplicar dicho Acuerdo.
El 21 de febrero el CJF decidió concentrar los amparos en los dos juzgados auxiliares ante las dudas sobre la materia a la que correspondían.
En ese momento no se tenía claro si correspondía al área de asuntos administrativos o especializados en competencia económica, además de que muchos jueces se declararon incompetentes para llevar los casos.
Los juzgados auxiliares tenían pendientes más de 10 mil amparos en contra del buzón tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los que era necesario dictar sentencias por parte de la Suprema Corte de Justicia.
