Río de Janeiro sigue esperando el pago de más de 800 mdd para el evento que empezará el 5 de agosto
El gobernador interino de Río de Janeiro advirtió que los Juegos Olímpicos podrían resultar un “enorme fracaso” ante el déficit presupuestal que amenaza con comprometer la seguridad y la movilidad durante las Olimpiadas.
Francisco Dornelles dijo en una entrevista, publicada el lunes por el diario O Globo, de Río de Janeiro, que el estado sigue esperando el pago de 2,900 millones de reales (860 millones de dólares) del gobierno federal para apoyar las arcas estatales para el evento del 5 al 21 de agosto.
“Me siento optimista respecto de los juegos, pero tengo que mostrar la realidad”, declaró. “Podemos tener unas Olimpiadas grandiosas, pero, si no se toman ciertas medidas, puede ser un enorme fracaso”.
Destacó que sin esos fondos la policía podría verse obligada a parar sus vehículos el final de esta semana debido a la falta de dinero para combustible.
“¿Cómo va a sentirse protegida la gente en una ciudad sin seguridad?”, cuestionó Dornelles, según el periódico.
Río de Janeiro se ha visto particularmente afectado por la recesión que azota a Brasil, cuya economía se desplomó cerca de 4% el año pasado y registra un aumento en las tasas de desempleo. Ese estado depende enormemente de los ingresos por el petróleo, y gobiernos anteriores otorgaron exenciones de impuestos multimillonarias que contribuyeron en el vacío de las arcas casi por completo.
Otro tema de preocupación para Dornelles es la línea del metro con que se pretende trasladar a los aficionados y turistas a la principal sede olímpica en el extremo oeste de Río, en Barra da Tijuca. Pese a que las autoridades prometieron que estaría lista para finales del año pasado, la línea aún no está terminada. Un préstamo federal de aproximadamente 1,000 millones de reales (290 millones de dólares), destinado a culminar el proyecto, tampoco ha sido entregado.
“He dicho antes que sin seguridad y sin el metro habrá dificultades”, sostuvo Dornelles, de acuerdo con O Globo.
Añadió que la situación en el sistema de salud del estado es “desastrosa” y que la política de aplazar o pagar en partes los salarios de los funcionarios estatales “es una manera de esclavitud laboral”.