La Secretaría de la Función Pública concluyó que ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni su esposa, ni su secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de intereses por la adquisición de inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios.
El titular del órgano anticorrupción, Virgilio Andrade, dijo en rueda de prensa que “se determinó que no existe conflicto de interés” porque los inmuebles fueron adquiridos antes de que Peña Nieto asumiera como presidente en diciembre de 2012 y que tras revisar los contratos otorgados a las empresas involucradas no encontraron ninguna irregularidad.
Pero la primera dama, Angélica Rivera, devolvió la mansión de siete millones de dólares que compró a una empresa que recibió contratos de obra pública de la administración presidida por Peña Nieto.
Rivera explicó a finales del año pasado que realizaba pagos en cuotas mensuales con dinero que ganó de su trabajo como actriz. La empresa mantuvo la propiedad de la casa hasta que se pagara en su totalidad. Rivera ya había anunciado que vendería sus derechos sobre la propiedad.
Andrade argumentó que la esposa de Peña Nieto había alcanzado un acuerdo con la empresa para pagar unos 10,5 millones de pesos en concepto de alquiler por los casi tres años que utilizó la propiedad.
La compañía acordó regresarle a Rivera 14,5 millones de pesos (unos 875.000 dólares) que la primera dama ya había desembolsado.
El mandatario, la primera dama y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han sido blanco de críticas luego de que en investigaciones periodísticas se revelara que compraron viviendas a empresarios que después recibieron contratos públicos, lo cual fue visto por algunos como un caso de conflicto de interés.
Pero Andrade dijo que ni el presidente, ni su esposa ni el secretario de Hacienda participaron en la adjudicación de ningún contrato a las empresas.
El funcionario, que es parte del gabinete del presidente, dijo que también se indagó a los 111 funcionarios públicos que sí participaron en la asignación de los contratos y se concluyó que no fueron influenciados ni obligados por nadie para favorecer a esas empresas.
El presidente siempre había negado cualquier irregularidad.
En febrero el mismo Peña Nieto solicitó a la Función Pública investigar si él, la primera dama o su secretario de Hacienda habían incurrido en conflicto de intereses .
En aquel momento, la decisión del presidente provocó críticas porque pedir a un subalterno que lo investigara parecía de antemano prever que la indagatoria concluiría en que su jefe no incurrió en ninguna irregularidad.
