Hermosillo, Son., febrero 7 de 2019.- Facilitar la función legislativa y dar mayor certeza jurídica a las determinaciones que se tomen hacia el interior del Congreso del Estado por parte de los diputados, para evitar que las decisiones inminentemente jurídicas se conviertan en políticas, tiene por objeto una iniciativa de decreto presentada en la sesión de hoy para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela expuso ante el Pleno que mediante una revisión al marco jurídico que rige a esta Soberanía, detectó oportunidades de mejora regulatoria que pueden aplicarse en tres temas, el primero relacionado con el proceso y aprobación de dictámenes dentro de las comisiones; el segundo tiene que ver con el derecho de libre asociación por parte de los diputados; y el tercero se refiere a la instalación de la Comisión de Administración.
“Necesitamos, antes de tomar cualquier decisión, tener el tiempo necesario para analizar a profundidad y de manera exhaustiva, cada una de las iniciativas que se someterán a la aprobación del Pleno de este Poder Legislativo, incluso escuchar la voz de la ciudadanía y de expertos en las materias que versen en cada una”, aseveró la legisladora.
Propuso que los dictámenes que se contemplen en el orden del día para el análisis, discusión y aprobación de la comisión respectiva, se entreguen con la debida anticipación para que los diputados conozcan, con el tiempo suficiente, las consideraciones por las cuales se debe o no aprobar un dictamen o una iniciativa.
Otra propuesta que contiene la iniciativa de decreto es que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo quede establecido que las convocatorias para sesión de comisión se publiquen en la Gaceta Parlamentaria cuando menos con 48 horas de anticipación a la fijada para la reunión, a fin de evitar la inasistencia de los integrantes de la dictaminadora y por otra parte, informar a la ciudadanía sobre los temas que sean de su interés y sobre los cuales quieran participar.
Y en los casos en que un diputado desee dejar de pertenecer a una bancada para formar parte de otra, la diputada Castro Valenzuela propuso que el cambio no esté supeditado a la decisión de ninguna comisión del Congreso, ni a la del personal directivo, sino a la decisión de los propios legisladores.
Como ejemplo mencionó que, a nivel federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27 párrafo segundo, establece que el cambio de diputados de un grupo parlamentario a otro no exige más requisito que el comunicarlo al Presidente de la mesa directiva por parte de los coordinadores de cada bancada, sin que se requiera cumplir otro requisito o autorización.
La siguiente propuesta se refiere a que la Comisión de Administración deberá instalarse a más tardar dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al inicio de cada Legislatura, a efecto de que se realicen de manera inmediata las funciones que legalmente le corresponden, las cuales son de mucha trascendencia, dijo, ya que tienen que ver con la aprobación del presupuesto del Congreso, la contratación de proveedores y de personal, y la administración del patrimonio de esta Soberanía.
“Relacionado con dicha comisión, propongo también que las atribuciones que legalmente le corresponden no puedan ser delegadas a personal directivo o administrativo de este Congreso del Estado, y de esta manera evitar que decisiones de trascendencia sean unilaterales y no de manera colegiada”, expresó la diputada Ernestina Castro Valenzuela.
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 89 y adiciona un párrafo tercero al Artículo 111, un párrafo segundo al Artículo114, un artículo 125 bis, un párrafo segundo al Artículo 162 y un párrafo tercero al Artículo 163, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Segunda Comisión de Hacienda estudiará por su parte una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 1.2 de la fracción II del Artículo 325 de la Ley de Hacienda del Estado, presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre para establecer un derecho de gratuidad en el servicio de expedición de copias certificadas de las actas de nacimiento.
Explicó que en las actas de nacimiento se reconoce la importancia y trascendencia del derecho a la identidad, plasmado en la Constitución local, ya que es primordial identificar a las personas a través de dicho documento, en el que se asiente, de manera fidedigna, su información básica como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y nombre de los padres.
“Si bien nuestra Constitución y la Ley de Hacienda del Estado prevén las inscripciones de nacimiento sean gratuitas, la expedición de copias certificadas sí tiene un costo para el ciudadano, afectando su economía familiar, principalmente para aquellas familias que tienen hijos estudiando”, externó.
El diputado Navarrete Aguirre agregó que, con base en los costos de los diversos servicios que ofrece el Registro Civil, es necesario establecer un Derecho de Gratuidad al menos con los menores de edad en el ámbito de las expediciones de actas de nacimiento, ya que éstas son las que más se expiden para trámites de guarderías, instituciones educativas, pasaporte e, incluso, para trámites de sus mismos padres.
“Y son los que menos tienen los que solicitan los mencionados servicios y son los que más pagan el servicio de expedición de actas en las oficialías del Registro Civil”, exteriorizó.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, Transporte y Movilidad, en forma unida, un proyecto de ley que deroga la Sección VI del Capítulo III del Título Cuarto y el Artículo 111 BIS de la Constitución Política del Estado de Sonora.
El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propuso mediante dicha iniciativa que se elimine el Consejo Consultivo de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, por considerar, sostuvo, que es incorrecto que un órgano distinto a este Poder establezca las cuotas o tarifas del Transporte como en el caso acontece con el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable.
“Ni es ciudadano, ni sustentable y ha atentado contra las personas más necesitadas al proponer aumentos a la tarifa del transporte exorbitantes, como ya se ha mencionado mucho en medios de comunicación”, afirmó el legislador.
Recordó que el Poder Legislativo aprobó la Ley 149; Boletín Oficial (B. O.) Edición Especial No. 1, de fecha 8 de marzo de 2002, que abroga la Ley Numero 120, publicada en el B. O. No. 6 sección I, de fecha 20 de julio de 1992 y en la cual establecía en los artículos 87 al 91 la facultad de esta Soberanía de autorizar las tarifas del transporte público.
El Artículo 88 de la Ley citada establecía en la parte que interesa: “El Congreso del Estado autorizará las tarifas que correspondan al servicio público del Transporte…”, mientras que la Ley de Transporte prescribe: “ARTÍCULO 2o.- La presente Ley tiene como objeto: I.- Establecer las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio público de transporte.”
Queda claro que el transporte público en Sonora es un servicio público que presta el Estado y, por ende, las cuotas o tarifas deben establecerse en Ley, facultad exclusiva de este Poder Legislativo, por disposición constitucional, indicó el diputado Lizárraga Arellano.
“Lo correcto es desaparecer este órgano y en su caso retomar por el Congreso del Estado la facultad de establecer las tarifas o cuotas del Transporte público, teniendo el pulso real de la problemática que acontece a concesionarios y usuarios”, expresó.
La Presidencia turnó a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, para su análisis y discusión, la iniciativa que, a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Gildardo Real Ramírez, dio lectura al punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo busca integrar una comisión especial para atender la problemática relacionada con la concesión del alumbrado público en el municipio de Hermosillo.
