Donald Trump se pasó toda la campaña electoral proclamando que acabaría con la mayoría de las políticas medioambientales tomadas en la anterior legislatura, además de desmarcar a Estados Unidos del acuerdo para reducir las emisiones de CO2 asumido en París.
Los temores de que se atacara la preservación natural se confirmaron cuando nombró a Scott Pruitt, un fiscal general conocido por salir en la defensa de la industria de energías fósiles, como jefe de la Agencia de Protección Ambiental. El mismo hombre que ha demandado varias decisiones tomadas por la agencia y ha cuestionado públicamente sus investigaciones sobre la extracciones de gas a través de frakking ahora pasará a presidirla. Con la elección de Rex Tillerson, actual ejecutivo de la petrolea ExxonMobil, como secretario de Estado, Donald Trump dejaba bien claro la línea que iba a seguir.
Frente a eso, Barack Obama y su homólogo canadiense han optado por la baza legal que tenían en sus manos.
“El Presidente Obama y el Primer Ministro Trudeau se enorgullecen en lanzar acciones que aseguren una economía y un ecosistema del Ártico fuertes, sostenibles y viables. Esta acción refleja la posición científica de que, incluso con los mayores estándares de seguridad que ambos países han puesto en práctica, los riesgos de un derrame de crudo en esta región son importantes y nuestra capacidad para limpiar un derrame en las duras condiciones de la región es limitada”, se escribía en un comunicado emitido por la Casa Blanca.
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“Mientras Donald Trump apila su gabinete con grandes amigos y contaminadores, el presidente Obama ha actuado para proteger nuestros océanos, nuestro aire y nuestro clima para nuestras comunidades costeras y futuras generaciones de estadounidenses”, se alegraba Tom Steyer, presidente de NextGen Climate, asociación defensora del medioambiente.
Sin embargo, no todos han visto esta medida con buenos ojos. El Instituto Americano de Petróleo ha mostrado su rechazo rotundo a la prohibición, justificando que se debilitará la economía. “El bloqueo de la exploración debilita nuestra seguridad nacional, destruye puestos de trabajo bien remunerados y podría hacer que la energía sea menos asequible para los consumidores”, expresó su director, Erik Milito.
El mismo Instituto manifestó que esperan trabajar con la nueva administración para derogar esta prohibición. Para lograrlo, necesitarán acudir a los tribunales. Y ya sabemos que la justifica no se caracteriza por ser veloz.
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