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Resuelve 31 asuntos el ISTAI a favor de la gente

El Instituto Sonorense de Transparencia tuvo su primera sesión “en línea” 

En lo que fue su primera sesión a distancia desde que se cuenta aquí con el derecho de acceso a la información pública, el pleno de comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) resolvió hoy 31 recursos de revisión, todos ellos ordenando la entrega de la información requerida por el solicitante.

Cumpliendo sus funciones como garante de la transparencia aún en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19 (coronavirus), el ISTAI sesionó utilizando las plataformas digitales, con una videoconferencia encabezada por el comisionado presidente, Lic. Francisco Cuevas Sáenz y el comisionado Dr. Andrés Miranda Guerrero, en la que participaron también el secretario técnico del Instituto y proyectistas de cada ponencia.

La histórica sesión del ISTAI este martes 21 de abril, es la primera que se desahoga aprovechando la tecnología del internet, con lo que Sonora se anota entre las primeras entidades del país en cumplir su función garantista por este medio, lo cual –comentaron los comisionados Cuevas y Miranda– se continuará haciendo en tanto prevalezca la etapa de emergencia sanitaria, a fin de respaldar las medidas de seguridad emitidas por las autoridades de salud.

En el estudio de los casos, los comisionados determinaron que diez asuntos fueran revocados, dando totalmente la razón al quejoso, mientras que al sujeto obligado se le instó a que cumpla con la rendición de cuentas.

Otros veintiún expedientes se resolvieron en sentido modificatorio, lo que es decir que tanto al recurrente como al sujeto obligado les asiste razón y, por tanto, el ISTAI determina las partes en que debe liberarse la información.

Además de esos 31 recursos de revisión, otros siete debieron ser desechados por resultar improcedentes o porque fueron abandonados por la persona quejosa durante el curso del procedimiento.

También se giraron treinta oficios advirtiendo de probable responsabilidad administrativa de parte de funcionarios públicos, al no atender adecuadamente el derecho de acceso a la información.

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