Al parecer, Grupo México ha minimizado la relevancia del derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014, pues continúa con el proyecto de una nueva presa de jales a unos cuantos kilómetros de donde ocurrió el desastre ambiental.
En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que organizara una consulta pública para conocer la opinión sobre el almacenaje de millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos a menos de 30 kilómetros de una población que ya fue contaminada con el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014.
Sin embargo, la notificación para cumplimentar esa orden judicial se dio en los tímidos términos de que “los quejosos podrán manifestar sus posibles sugerencias” durante la reunión a realizarse el próximo 14 de mayo, donde se le informaría a la población sobre “la autorización del informe preventivo del proyecto Nueva Presa de Jales, perteneciente a la empresa Buenavista del Cobre”.
Con justificada razón, los habitantes temen que un nuevo derrame acabe con su pueblo. “Lo que estamos pidiendo todo el pueblo es tranquilidad, vivir en paz, ahora todo es incierto para nosotros. Quiten la presa porque si un pequeñísimo derrame nos hizo tanto daño, ahora una obra de esa magnitud nos desaparece todo el pueblo de Bacanuchi. Todo lo que queremos es justicia y seguridad”, afirmó uno de los habitantes de Bacanuchi.
Las 42 denunciantes, que lograron que un recurso de amparo fuera atraído por la SCJN y ésta sentenciara que la operación de la nueva presa de jales fuera puesta a discusión de los pobladores, advierten que esta reunión es sólo una simulación de una consulta y, por tal motivo, presentaron este jueves una promoción al juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, para denunciar la “ilegalidad” de la convocatoria lanzada por la delegación sonorense de Semarnat.
Adicionalmente, solicitarán al juzgador que les conceda una “ampliación razonable” del plazo para cumplimentar la sentencia de la SCJN.
El amparo concedido a Bacanuchi representó una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al reconocer la violación del “derecho a la participación de esta comunidad no indígena” por la construcción de la nueva presa de jales de Grupo México.