El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) han informado en un comunicado conjunto que Washington pedirá “que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.
Esto quiere decir que Estados Unidos ya no juzgará al exsecretario de la Defensa de la administración de Enrique Peña Nieto, acusado conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas al norte del río Bravo, además de lavar el dinero derivado de estas operaciones ilícitas.
El general se había declarado inocente hace unos días y aguardaba la siguiente audiencia, fijada para este miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nueva York.
El texto afirma que EE UU ya ha proporcionado a las autoridades mexicanas las pruebas que han reunido en el caso, las cuales consisten en miles de mensajes de Blackberry, intercambiados entre Cienfuegos e integrantes de la red de traficantes de droga del H-2, que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al cartel del H-2 al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
La decisión ha sorprendido a ambos lados de la frontera, sobre todo por el sigilo con que las autoridades estadounidenses habían conducido la investigación contra el general.
Las autoridades mexicanas parecieron sorprendidas por la detención de Cienfuegos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pediría información al Gobierno del país vecino: “Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto, y sí vamos a solicitar a Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas”.
En el comunicado, las partes señalan que la FGR abrió “su propia investigación una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general”.
