Un juez federal sentenció a ocho años de prisión al ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno Díaz, por el delito de enriquecimiento ilícito. Asimismo, impuso una sanción de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por ocho años y un mes.
En el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República acusó a Moreno Díaz de recibir dinero del apoderado legal de la empresa Lindsey Manufacturing Company, Enrique Faustino Aguilar Noriega, a quien supuestamente benefició a través del otorgamiento de contratos con la CFE.
El numerario, según las investigaciones, fue utilizado por Félix Moreno para el pago de colegiaturas de su hijo Néstor Arturo Moreno Valdez, en la institución educativa St. John’s Northwestern Military Academy.
El juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México determinó que la PGR demostró que el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 013 mil 379 pesos con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público sin demostrar su licitud, a saber:
“Depósitos en diversas cuentas de origen no identificado, por 7 millones 694 mil 441 pesos; un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos. Vehículos: Jeep, modelo 2009 en cantidad de 57 mil 400 pesos; Audi, modelo 2003 por 212 mil 732 mil pesos; Lobo, modelo 2005 en 359 mil 800 pesos; y, Nissan, modelo 2003 por 104 mil 400 pesos”.
Asimismo, realizó pagos a una tarjeta de crédito de Estados Unidos por un millón 785 mil pesos; compró un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y obtuvo un vehículo Ferrari Spider, por un monto de tres millones 258 mil 279 pesos.
La sentencia del juez federal señala que quedó acreditado que en el periodo de 2001 al 27 de octubre de 2010, el sentenciado tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la Comisión Federal de Electricidad por los que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos.
La autoridad jurisdiccional le impuso otras sanciones como la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; el pago de 545 días de multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles; y, una amonestación pública.
