Por Jesús Ruiz Gámez
Hace unos días el gobierno mexicano se escandalizó por la declaración de un alto militar de Estados Unidos, quien dijo que entre 30 y 35% del territorio de México son áreas sin gobierno, pues son controladas por bandas del crimen organizado.
A decir verdad, lo dicho por el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, sonó bastante exagerado, pero eso no quita la verdad de que extensas áreas del país son tierra de nadie y donde se manifiesta con toda crudeza el “estado fallido” frente a la fuerza de cientos de bandas dedicadas al narcotráfico y a otros delitos del orden federal y local.
De inmediato me pregunté: ¿cuál será el porcentaje del territorio sonorense que está en igual situación? ¿Es decir, totalmente controlado por el crimen organizado y donde los sicarios montan retenes a placer y han convertido pueblos enteros en lugares que la gente ya no quiere visitar?
Hasta allí me quedé entonces, pero es una inquietud que revivió al conocerse en voz del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, que recibieron amenazas del crimen organizado para que desistieran de postular candidatos en cuatro municipios del estado.
Bours le dijo al periodista Luis Alberto Medina que “En Saric nos advirtió la delincuencia organizada: ‘El único candidato que vamos a permitir será el de Morena, quien registre a otro partido lo vamos a matar” y que por amenazas similares su partido tampoco postulará a las alcaldías de Bavispe, Bacanora y Oquitoa…. Bavispe, la tierra natal de Alfonso Durazo, el candidato de Morena al Gobierno del Estado.
Por otro lado ayer, en Ciudad Obregón, el periodista guaymense Ricardo López, del portal InfoGuaymas, denunció el acoso y amenazas que sufre la prensa en el Puerto, donde ya se sabe que el crimen organizado ha sentado sus reales y los efectos no se han hecho esperar.
López dijo que han solicitado el apoyo de las autoridades para que garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, pero la evidente colusión entre criminales y policías han hecho de Guaymas una zona de miedo.
El Periodista habló de que es objeto de amenazas y difamación y, es tal el grado de intimidación, que no descarta la posibilidad de solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos.
No hay, pues, mucho más que escribir para dejar en claro que en Sonora sí hay extensos territorios donde el gobierno no gobierna, así como el crimen organizado impide el libre ejercicio de las libertades de tránsito, de expresión y del trabajo periodístico.
Malo el cuento.
ALFONSO DURAZO DEBE HACERSE CARGO
Es imposible, en este tema de Guaymas, omitir que mucho de la situación actual en el Puerto tiene origen en la decisión tomada hace unos dos años por el entonces secretario de Seguridad del país, el sonorense Alfonso Durazo, quien ahora es candidato de Morena al Gobierno del Estado.
Durazo vino entonces a anunciar su decisión de poner militares al frente de las policías de algunos municipios, entre ellos Guaymas y Cajeme, bajo la convicción de que esa estrategia ayudaría a bajar los ya desbordados indicadores de inseguridad.
Ya sabemos que en esos dos municipios la estrategia no solo fracasó como contención, sino que, en el caso de Guaymas y Empalme, ha venido a peor la situación y en ello van no solamente los constantes asesinatos en las áreas urbanas y rurales, sino las evidencias de la complicidad policiaca y ahora esto de las amenazas a los periodistas.
Obviamente sería injusto culpar a Durazo de la situación actual, pero de alguna manera la campaña política lo obligará a hacerse cargo de su decisión, pues se trató de una estrategia que al parecer se dejó suelta y sobre la que nunca se hizo alguna corrección.
Los efectos allí están y no son para presumir.
UN BUEN DATO DE TRANSPARENCIA
Es un muy buen dato que el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información de Sonora (ISTAI) haya resuelto el año pasado a favor de los solicitantes la inmensa mayoría de los recursos de queja que recibió para su estudio.
Concretamente, de los 525 recursos de revisión resueltos en el 2020 por el ISTAI, 94.66% fueron a favor del solicitante, decisión que implicó la orden de entregar la información a los responsables de las dependencias y organismos públicos del estado y municipios señalados por omitir o negarse a compartir los datos solicitados por los ciudadanos.
De hecho, el dato histórico en el ISTAI es que se ha dado respuesta a favor de los solicitantes en el 93.3% de los casos, lo que muestra no solamente la atención a los quejosos sino la convicción de los comisionados que encabeza su presidente, Francisco Cuevas, para que se dé cumplimiento a la ley.
