Dos personas presas y tres más que se encuentran prófugas conformaban una red de tráfico de influencias que vendían plazas en la Secretaría de Educación y Cultura durante la administración de Guillermo Padrés Elías.
Odracir Espinoza, titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó en conferencia de prensa que fueron giradas órdenes de aprehensión contra cinco personas por los delitos de fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos.
A dos, Ramón Alberto Valencia López y Mario Valenzuela Guerrero, se les detuvo y están presos. Los tres restantes, Juan Pablo Gastélum Leyva, Gustavo Adolfo Vega Reyes y Agustín Antonio Padrés están prófugos, este último por su apellido se presume sea familiar de Padrés Elías.
Las fraudulentas operaciones se hicieron de noviembre del 2012 a febrero del 2013. El Fiscal invitó a los afectados a acumular la investigación misma que arrojó de momento que el intelectual del hecho, Agustín Padrés, logró un monto de un millón 200 mil pesos según la suma de las 18 denuncias. Este personaje fungió como subdirector de la dirección de Vinculación y Participación Social de la SEC quien laboró del 1 de septiembre del 2011 hasta el 11 de febrero del 2013, cuando fue dado de baja.
“Agustín Padrés le comenta a Ramón Alberto Valencia que tiene la facilidad para gestionar plazas para docentes y prefectos al interior de la SEC, ya que sustentaba, según dichos de las víctimas, ser familiar del gobernador, por lo que le propone que le consiga más personas para esas plazas”, señaló Espinoza.
“A las víctimas se les engañaba y les pedían de 60 mil a 100 mil pesos para tramites y papeleo. Les solicitaban documentos e incluso las reuniones se llevaban a cabo dentro de las oficinas de la SEC en el centro de la ciudad. Para las víctimas era un trámite oficial y hasta hacían tomas de protesta en las instalaciones. Les daban nombramiento apócrifo”, señaló.
Las penas que podrían alcanzar los miembros de la red son de 3 meses a 8 años de prisión y una multa de 90 a 250 días por el delito de fraude. Al afectar de a tres o más personas se califica como grave, por lo que no alcanzan derecho a fianza.
De igual manera, por asociación delictuosa, los acusados podrían ser sentenciados de 3 a 8 años de prisión y una multa de 20 a 250 días.
Por el delito de falsificación de documentos, la sanción es de un mes a 3 años de prisión y de 10 a 150 días de multa. Además de la destitución del funcionario o inhabilitación de trabajar en un cargo público por hasta tres años.
Por último señaló que se pidió apoyo a las distintas corporaciones policiacas, incluyendo las de Estados Unidos, para lograr la detección de los mencionados prófugos.