Diputados declaran constitucional la reforma que AMLO
podrá promulgar este mismo lunes 30 de septiembre,
antes de entregar el mando presidencial.
La Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de la reforma que transfiere a la Secretaría de la Defensa Nacional el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional, la cual podrá ser promulgada este mismo lunes 30 de septiembre, justo un día antes de que concluya el gobierno del presidente López Obrador.
Se trata de una de las reformas más polémicas de los últimos tiempos, pues implica que una policía civil pase ahora a manos del Ejército mexicano; no obstante, fue validada en la sesión del domingo 29, con la ausencia de diputados opositores, luego de que fue aprobada por 26 congresos estatales.
En el mismo pleno se hizo también la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
De esta manera el Ejército será el encargado de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que estará bajo el mando de Omar García Harfuch a partir del próximo 1 de octubre.
Las reformas a la Constitución Política en materia de Guardia Nacional y al artículo 2 de la Constitución para reconocer los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, fue avalada por los congresos locales de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
El decreto que seguramente será publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.
Ya con la reforma en vigor, el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional para labores de seguridad pública y para la seguridad interior y defensa exterior de la nación.
Así la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública integrada por personal de origen militar con formación policial y dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y deberán coordinarse para investigar delitos y cumplir con los objetivos en la materia.
El Senado de la República también estará facultado para ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional propuestos por la presidenta de la República. Las reformas reconocen los derechos, prestaciones y seguridad social de quienes prestan servicios en la Guardia Nacional, en igualdad de condiciones con los miembros de las Fuerzas Armadas.
Los artículos transitorios de la reforma disponen que el Ejecutivo Federal tomará las medidas necesarias para que el personal de la extinta Policía Federal cese sus servicios en la Guardia Nacional y sea adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal de organismos especializados podrá continuar temporalmente en la Guardia Nacional conforme a los convenios de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Ejecutivo Federal también estará facultado para transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional los recursos presupuestarios y financieros necesarios para cubrir los gastos de personal de la última plantilla de la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos operativos de la Guardia Nacional, excepto aquellos destinados al personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública.