Por decreto el presidente amplió otros dos años
el plazo para la regularización de vehículos
usados de procedencia extranjera.
Por decreto y a unos cuantos días de concluir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió dos años más el plazo para la legalización de automóviles extranjeros que entraron ilegalmente al país.
A pesar de las protestas de la industria automotriz mexicana por las afectaciones que le causan estos decretos que se vienen haciendo desde hace dos años, el presidente decidió publicarlo con vigencia a partir de este 30 de septiembre, precisamente el último día de su mandato, y hasta el mismo día del año 2026.
El decreto, aparecido en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, señala que derivado de la buena aceptación del programa y toda vez que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se estima necesario ampliar su vigencia.
Como ha sido en los anteriores, este aplica para los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En dichas entidades se han regularizado hasta ahora un aproximado de 2 millones 559,256 vehículos, otorgando –afirma el gobierno federal– certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y contribuyendo a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos.
Con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar un aproximado de 6,398 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de pavimentación en los municipios de las entidades federativas participantes, en beneficio de sus habitantes y vecinos de zonas cercanas.
El decreto, que entró en vigor hace dos años ya ha tenido un total de ocho extensiones, la última en marzo pasado, que terminaría este mes. Sin embargo ahora se ha aumentado el plazo por dos años más.
Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó la acción porque “fomenta la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país del contrabando”.
En un comunicado expuso que mientras el mercado nacional de autos nuevos crece 12.2 por ciento, en Chihuahua cayó 5.6 por ciento en 2023, mientras que otras entidades tienen alzas mínimas de 2.1 por ciento.
Remarcó que todos los requisitos para la legalización “han sido letra muerta”, pues hay evidencia de que funcionarios públicos que regularizan millones de vehículos ilegales no cumplen lo que dice el decreto.
“No menos grave es que prácticamente todos los vehículos regularizados son vehículos siniestrados con reporte de pérdida total en Estados Unidos, contribuyendo con ello a poner en riesgo a los mexicanos”, apuntó el grupo que representa a los distribuidores.