La situación jurídica de Guillermo Padrés Elías será definida el miércoles alrededor de las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
Al ser detenido, el ex gobernador dijo que los señalamientos en su contra sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son producto de una persecución política y que no tienen fundamentos.
Y mientras se define su situación jurídica, desde el Gobierno del estado de Sonora se asegura que las acusaciones están sostenidas en averiguaciones. Las voces en ese sentido son muchas:
David Palafox, presidente de la comisión Anticorrupción del Congreso de Sonora, acusa que “lucraron, vendieron niños de UNICARI, hicieron una presa, no un represo, una presa y la hicieron sin los permisos correspondientes”.
Por su parte, Iván Jaime, consejero jurídico del Gobierno estatal, señaló que “no se recurre a revanchismos políticos, el Estado de Sonora lo que tiene son hechos y son elementos que puso a su disposición en su momento ante las autoridades ministeriales”.
El diputado Omar Guillén Partida, presidente de la Comisión de la Cuenta Pública del Congreso de Sonora, indicó que “el que diga que hay alguna persecución política, creo que insulta la inteligencia de los sonorenses, creo que es evidente el quebranto tan grande, el fraude tan grande que vivió Sonora”.
Oldracir Espinoza, director de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, comentó que, “hay diversas averiguaciones, entre ellas peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita entre otra como ejercicio indebido de funciones”.
El desfalco del que se habla suma más de 35 mil millones de pesos.
“No existen los delitos que se le imputan”: Abogado
En entrevista telefónica con Radio Fórmula, el abogado Antonio Lozano Gracia dijo que ya se acreditó que no existen los delitos que se le imputan a Padrés Elías, ni el de operación con recursos de procedencia ilícita ni el de lavado de dinero.
“Hemos aportado documentos de un acervo probatorio muy importante, demostrando que esta averiguación previa fue armada a partir de otras dos averiguaciones, así como que se cometieron violaciones a los derechos humanos”, destacó el exprocurador general de la República, y precisó que el delito de defraudación fiscal contra su cliente es improcedente.
En el delito de lavado de dinero, añadió, la Procuraduría General de la República (PGR) señala que el monto asciende a 8.8 millones de dólares, “pero dice, así está expresado, cuando menos un millón 200. Eso lo dice expresamente, está en el texto”.
De igual manera, negó que la empresa beneficiada en las licitaciones sea propiedad de Mario Aguirre. “Ni era dueño, ni accionista, ni apoderado”, subrayó.
Según Lozano, hubo tres inversionistas para el proyecto minero en una propiedad de la familia Padrés, sumando un aproximado de 7.9 millones de dólares, y con los rendimientos financieros –sostuvo– llegó a un total de 8.8 millones de dólares, de los cuales el exgobernador de Sonora no pagó los impuesto porque no fueron ingresos.
“En el caso concreto, llegó la cantidad a la cuenta de Guillermo Padrés y, como llegó, se transfirió a la empresa encargada del proyecto minero. Por lo tanto no es un ingreso y, por lo tanto, no tenía que pagar impuesto alguno”, puntualizó.
También expuso que la acusación contra su cliente se dividió en dos. “La acusación que está en el Cuarto de Distrito es la segunda mitad, es cuando ese dinero, de la cuenta de Guillermo Padrés, se envía a la empresa minera SWE”.
Añadió: “Lo están juzgando dos veces por el mismo delito (…) Es cosa sin ninguna lógica”.
Sobre el delito de delincuencia organizada, dijo que de su cuenta personal el exmandatario giraba para su hijo 30 mil pesos mensuales para pagar escuela y gastos personales. “Ese es el delito”.
Antes de concluir la entrevista, Lozano negó que sea defensor del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia. “No tengo ningún contacto, ni lo he defendido, ni lo voy a defender; ni lo defiendo directa ni indirectamente”.
Anoche, por segunda ocasión en menos de una semana, el exgobernador de Sonora fue trasladado al Reclusorio Sur para una nueva audiencia como parte del proceso que se le sigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron que la diligencia fue solicitada por el propio Padrés para presentar pruebas de descargo, y reiteró que es inocente de los cargos que se le imputan. Concluida su declaración, el sonorense fue trasladado de nueva cuenta al Reclusorio Oriente.
Desde las primeras horas del pasado jueves 10, cuando se entregó a la justicia, el exgobernador causó polémica al dar una entrevista en el noticiero de Radio Fórmula, donde anunció que se dirigía al Juzgado: “Soy un perseguido político, no hay delitos, lo voy a demostrar, la justicia federal va a valorar que me estoy poniendo a disposición, en un momento voy a presentarme voluntariamente ante el juez…”.
Aseguró que su detención se debía a una persecución política: “Siempre he ido contra el sistema y por eso me han perseguido, pero lo voy a seguir haciendo, me persiguen a mí y a mi familia. Estuve ante mi partido, pedí la cita, fui con mi abogado, el partido así me lo pidió, estuve el 9 de Septiembre ante las autoridades y el 20 de septiembre me sacaron la orden de aprehensión de una forma dolosa”.
Después aseguró que en ningún momento ha estado huyendo: “Simplemente estaba esperando para conocer de qué se me acusa, ahora me queda muy claro que es un tema de mala fe”.