*TRATO PREFERENCIAL PARA EL EXDIRECTOR DE PEMEX
*¿A QUÉ VIENE AMLO CON LOS YAQUIS?
*PETICIÓN DE RENUNCIA DE LÓPEZ-GATELL LO FORTIFICA
*STJ: MÁS SERVICIOS DENTRO DEL PLAN DE REAPERTURA
Por Jesús Ruiz Gámez
Entiendo a muchos que, quizás para mantener su propia esperanza o por no aceptarse como engañados, no quieren aceptar el evidente pacto hecho entre López Obrador y Peña Nieto, para que el primero ganara la presidencia y el otro la impunidad que goza por todas sus raterías.
Por eso es que, para esos muchos, existe la esperanza de que las revelaciones que supuestamente hará el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hagan posible que Peña Nieto vaya a la cárcel, acompañado por un buen número de sus 40 ladrones.
Pero cuidado, porque no se puede descartar que todo este show sea parte de ese mismo acuerdo entre Peña y López Obrador.
Vamos a ver: traen a Lozoya de España para darle un trato preferencial, bajo el supuesto acuerdo de que, como “testigo protegido”, logrará consideraciones sobre los años de cárcel que merece a cambio de información que permitiría al gobierno desenredar una extensa trama de corrupción y mandar a prisión a muchos más corruptos.
Hasta allí todo parece bien, pues estaremos de acuerdo que si los favores a un corrupto como Lozoya permiten castigar a muchos otros más de su calaña, pues es un buen trato, con todo y lo ofensivo que resulta el trato de rey que se le ha dado y le permite estar fuera de la cárcel.
Pero si ya está ese acuerdo con Lozoya, dicho por el propio presidente López Obrador, ¿por qué la Fiscalía General abre el camino para un proceso judicial que daría inicio real hasta dentro de seis meses, justo cuando inicia la parte principal del proceso electoral en el país?
Mi sospecha entonces, por lo visto hasta ahora, es que estemos siendo víctimas de otro engaño y que suceda lo siguiente:
Lozoya da al gobierno de López Obrador los supuestos videos u otras evidencias, pero que solamente sirvan para empapelar o procesar a varios políticos, principalmente de la oposición (y entre ellos preferencialmente a los del PAN, como ya lo hicieron con Ricardo Anaya) pero sin llegar a tocar a tocar a Peña Nieto y sus más cercanos.
Al final, Lozoya queda en libertad (con todo y las aberraciones legales que se necesitarán para ello); su información tiene más efectos políticos que judiciales porque no alcanza a los verdaderos “tiburones”; el gobierno de López Obrador se beneficia electoralmente; y Peña es señalado pero se mantiene intocado, impune como hasta hoy.
Si la trama sigue ese curso y ese es el final del cuento, innegablemente estaríamos ante la continuación del pacto y engaño de Peña y López Obrador.
Y si no es así, si el trato con Lozoya sirve para saber cómo se dañó tan gravemente el patrimonio nacional y al mismo tiempo, con esa información, el gobierno lleva hasta la cárcel a los corruptos, encabezados por el ex presidente, entonces aquí mismo reconoceré que López Obrador hizo por primera vez un verdadero acto de justicia.
Pero igual, si mi sospecha se cumple, espero que los engañados ya una vez por Peña y López Obrador, por fin reconozcan ese engaño y los señalen como merecen.
¿A QUÉ VIENE AMLO CON LOS YAQUIS?
Eso es todo lo que trae como eventos públicos la agenda tentativa que dio a conocer la Presidencia de la República, respecto a Sonora, pues López Obrador también estaría en Nayarit, en Sinaloa y Baja California Sur.
Me pregunto a qué viene el Presidente con los yaquis, quienes en días pasados tomaron nuevamente la carretera internacional, las vías del ferrocarril e instalaciones de fibra óptica, acciones con las cuales llegaron a acuerdos previos con el Grupo México y con Telmex, pero no con el gobierno federal.
Es decir, los yaquis les creyeron a los negociadores de las empresas privadas, pero no al gobierno federal y por ello continuaron con los bloqueos en la Cuatro Carriles.
Yo he visto que López Obrador llega a algunas giras a los estados muy desinformado, o quizás engañado por su corte, pues en no pocas ocasiones la gente le reclama cuando él asegura supuestas promesas o acciones de gobierno ya cumplidas, pero la misma gente lo desmiente.
¿Con qué información, con qué panorama sobre el conflicto de los yaquis llega el Presidente?
Los yaquis tienen muchas demandas justas para la etnia, pero es incuestionable que también hay otras guiadas por intereses particulares.
Los presidentes del talante de López Obrador pueden o suelen tomar decisiones peligrosas o perjudiciales, cuando están mal informados o los mueve el interés politiquero… Así era Luis Echeverría.
MIENTRAS SEAN PEORES, SERÁN MEJORES
Y esto no es una suposición personal, sino la confesión que, por alguna extraña pero seguramente explicable razón, hizo el senador y pastor de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, quien el fin de semana publicó en Twitter:
“La emergencia sanitaria puede llevar a cometer excesos y despropósitos que se traducen en actos políticos de precipitación electoral. Pedir renuncias de integrantes del Ejecutivo corresponde sólo al titular de ese poder; al hacerlo, afianzan su permanencia. Estrategia equivocada”.
Así que la petición de renuncia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez, que hicieron nueve gobernadores del PAN, PRI y MC, solamente lo afianza en el cargo, dice Ricardo Monreal.
Esos nueve gobernadores del PAN, PRI, MC pidieron la remoción del López-Gatell, al colocarse México en el tercer lugar mundial en número de fallecimientos y por lo desastrosa que en general ha sido su actuación ante la pandemia del coronavirus.
Así que está claro: mientras más criticado sea un funcionario, más lo quiere el Presidente.
Entonces, la única forma sabida para que un funcionario salga de la corte presidencial, es que renuncie de manera voluntaria o que ose expresar su desacuerdo con el Gran Tlatoani.
ABOGADOS PRESIONAN, EL STJ RESPONDE
El magistrado presidente Francisco Gutiérrez Rodríguez confirmó además que el pasado viernes el Pleno del STJ autorizó la versión final de un sistema informático que entrará en funcionamiento durante agosto y que permitirá presentar escritos, recibir acuerdos judiciales y leer los escritos de la parte contraria, todo ello por correo electrónico, con lo que quedará un historial de actuaciones consultable en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Las nuevas medidas las puede consultar completas en este portal en https://lahoja.mx/el-supremo-tribunal-de-justicia-amplia-su-gama-de-servicios/
Como ya le habíamos comentado antes, los Magistrados del STJ han mostrado una ejemplar apertura para escuchar las distintas manifestaciones, pero considero que ante las presiones de algunos grupos de abogados no han cedido en lo elemental que es el cuidado del interés general, en este caso la salud pública que pone en riesgo el coronavirus..
Entiendo que entre los miles de abogados que hay en Sonora, una inmensa mayoría está consciente de que ese es el deber de los magistrados, pero hay otros que sólo ven por sus intereses y presionan para que en el Poder Judicial del Sonora se tomen medidas como si fueran tiempos normales y no de la pandemia.
Hay que decirlo, así como entre comerciantes e industriales, hay abogados que quieren que se tomen medidas como si no les importaran su salud y su vida, ni las de personas con las que entran en contacto.
Es innegable que hay quienes por intereses personales, que pueden ser legítimos pues no se puede negar que la pandemia ha trastocado sus actividades y sus ingresos, quisieran que los juzgados operaran de manera normal pero la realidad es que su dinámica puede ser una alta fuente de contagios.
Ante esto opino que los Magistrados están obligados legal y moralmente a velar primordialmente por el interés de decenas de miles de usuarios y los cientos de empleados del Poder Judicial, en un escenario en que Sonora ya ha rebasado los 20 mil contagios y casi las 2 mil muertes.
Además, me parece que hay otra consideración a tomar en cuenta: muchas familias sufren los efectos de la pandemia en su salud y en su economía, por lo que el estado debe ser sensible y entender que sumarles encima embargos y otras actuaciones puede llegar a ser hasta inhumano.
Así que los acuerdos generales que toman los Magistrados para abrir el abanico de servicios y permitir que los abogados hagan su chamba, deben tener un tope, un límite, que es no fregar más a familias ya amoladas por la pandemia y evitar que los juzgados y otros recintos del Poder Judicial sean un contagiadero.